Expertos de la sociedad civil coincidieron en la importancia de democratizar el sector e incluir a las comunidades locales en los proyectos energéticos
Expertos de varias asociaciones civiles alertaron sobre la necesidad de una transición energética justa en México, ahora que el debate está encima de la mesa por los recientes cambios en la legislación.
En un seminario telemático convocado por la organización El poder del consumidor, su director, Alejandro Calvillo, advirtió que esa evolución “es tan importante para enfrentar el cambio climático como la vacuna para enfrentar la pandemia”.
“Es una transición urgente, muy urgente, que debe ser transparente, con rendición de cuentas, y con la protección a los escasos recursos públicos”, opinó Calvillo.
El director de Política climática de la asociación Iniciativa Climática de México, Jorge Villareal, sostuvo que en una transición energética justa “no hay espacio para el combustóleo, para las energías que contaminan”.
“Una transición energética justa implica tener en mente tres distintos componentes: garantizar la seguridad energética, garantizar la equidad y la sustentabilidad en la reducción de emisiones, pero también la de los problemas ambientales asociados”, opinó.
Estas declaraciones llegan tras dos reformas energéticas controvertidas llevadas a cabo por el Gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien busca potenciar la endeudada petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la también pública Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 1 de mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que ya ha desatado una batalla legal.
En esa misma línea, dos semanas después, la Secretaría de Energía estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de “confiabilidad” que creó confusión en el sector, sobre todo en lo referente a las renovables.
Estas barreras, reflexionó el doctorando en la Universidad de Durham Carlos Tornel, no contribuyen a la democratización del sector energético, algo primordial para una transición energética justa, ni mejoran la situación ambiental.
“Es bastante grave que el Gobierno esté apostando por un extractivismo fósil y no haya un plan público para las renovables”, lamentó.
Los expertos coincidieron en la importancia de democratizar el sector e incluir a las comunidades locales en los proyectos energéticos como una forma de frenar el aumento de una desigualdad que demuestran los datos.
“(El estado de) Nuevo León consume la misma energía que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelia, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, y tiene un tercio de población que todos esos estados”, ilustró Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll.
Con información de EFE
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