Vecinos encabezados por el activista Rafael Guarneros dieron a conocer la Segunda declaración del Parque México en la que exigieron justicia para Cristina Vázquez Chavarría
Vecinos y activistas de diversas colonias de la Ciudad de México emplazaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a su gabinete de seguridad y al Congreso local, a presentar en un plazo de un mes ante la ciudadanía una estrategia integral de seguridad, ante la inseguridad que se vive en la capital del país.
Con pancartas y al grito de “¡Vivir sin miedo en la CDMX!”, los vecinos encabezados por el activista Rafael Guarneros dieron a conocer la Segunda declaración del Parque México, en la que exigieron justicia para Cristina Vázquez Chavarría, activista del comité de residentes de la colonia Hipódromo Condesa, quien fue asesinada a principios del mes en su domicilio.
“A casi dos años de esa primera declaración del Parque México, hoy regresamos porque la situación de inseguridad no ha mejorado; por el contrario, la Ciudad de México es más peligrosa y más violenta”, subrayó Guarneros, acompañado por vecinos de la colonias Hipódromo Condesa, Roma, Nápoles y Polanco.
Afirmó que la mayoría de los crímenes en la ciudad quedan impunes y acusó a la autoridad de esperar que los nombres de más víctimas sean olvidados al paso del tiempo, pues luego vendrán otros nombres, otras tragedias producidas por el crimen, bajo la incompetencia o la complicidad incluso de algunas autoridades, dijo.
“En este y otros casos como el de Cristina, debemos exigir a las autoridades que no caigan en la tentación de salir al paso buscando chivos expiatorios o difundiendo hipótesis que dañan otra vez a las familias, y mancillan nuevamente la dignidad de las víctimas”, aseveró.
Advirtió que hoy, en cada actividad rutinaria, se vive con miedo a que salga un delincuente “a sorprenderte, te roben, amordacen o te maten”.
Sostuvo que ha fracasado el Estado, y sus instituciones de justicia no funcionan adecuadamente o están rebajadas, y afirmó que está ausente una estrategia integral para inhibir los delitos; hay un Ministerio Público poco solidario con las víctimas, una autoridad encaminada a maquillar cifras, y la liberación de presos cuando se clasifican delitos graves como no graves.
En ese sentido, dijo que se estima que unos 20 mil presos salieron libres, en su mayoría sin empleo, por lo que se han vuelto a incorporar a la actividad delictiva.
Por ello, exigió al gobierno de la ciudad una estrategia integral de seguridad pública, que incluya reformas a las leyes vinculadas al Sistema Penal Acusatorio; capacitación, reingeniería en la Procuraduría General de Justicia y simplificar procedimiento de denuncia en favor de las víctimas, entre otras acciones .
Con información de Notimex
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