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Exhuman cuerpo de José Eduardo, joven presuntamente asesinado por policías en Mérida
Ilustración de José Eduardo Ravelo. Foto de @memoriasdnomada

Autoridades exhumaron el cuerpo de José Eduardo Ravelo Echeverría, joven de 23 años de edad presuntamente asesinado por policías municipales de Mérida, Yucatán.

La exhumación fue ordenada por la Fiscalía General de la República (FGR) cuyos peritos forenses le practicarán la autopsia para determinar la causa de su muerte, ya que se denunciaron supuestas anomalías en la realizada en Mérida.

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Dan el último adiós al joven José Eduardo Ravelo. Foto de
@QuadratinY

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de Protección Civil de Yucatán, presenciaron las diligencias.

El cuerpo de José Eduardo fue desenterrado del panteón municipal de Isla, donde el pasado 8 de agosto había sido sepultado.

María Ravelo Echeverría, madre del joven, denunció que este había viajado desde su natal Veracruz a la capital de Yucatán en busca de trabajo, pero que el 22 de julio policías lo detuvieron y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía donde volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Ya en el hospital, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de COVID-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde finalmente murió.

Tras la muerte de su hijo, la madre interpuso una denuncia contra los oficiales que golpearon y abusaron de su hijo; además de que pidió ayuda para poder trasladar los restos del joven a Veracruz, donde reside la familia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue notificado del asesinato de José Eduardo y giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso y presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Con información de Milenio y EFE