Sin importar que cometieron robos insignificantes debido a que sufren una deficiencia mental, las tiendas procedieron penalmente
Las tiendas de Soriana y 7eleven, han sido tachadas de insensibles al tratar como criminales y encarcelar a Erick Javier Nájar Montaño y a Tairo Duque Tamez, quienes sufren de una discapacidad mental, y que supuestamente, en casos separados, cometieron robos de 21 pesos y 7 pesos respectivamente.
Por lo que a legisladora Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión de Reclusorios de la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF), ha pedido que se les dé una indemnización monetaria, y se revisen más casos como el de ellos.
Erick Javier Nájar Montaño, el 20 de abril pasado fue acusado de robar en Soriana dos manzanas y un refresco con valor de 21 pesos, pero no se tomó en cuenta la discapacidad intelectual que padece y fue retenido 35 días en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi).
El joven, de 32 años, con una discapacidad intelectual que le mantiene con una mentalidad de un niño de 10 años, fue detenido con violencia, le hicieron firmar una declaración aún cuando no sabe leer ni escribir, no fue asistido legalmente, no le realizaron los peritajes médicos ni se tomó en cuenta su discapacidad, que es visible.
Mientras que Tairo Duque Tamez, de 36 años, de nacionalidad colombiana y mexicana, que también padece de una discapacidad intelectual, estuvo preso en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial desde el 17 de mayo por robar en el 7eleven, cinco sustitutos de crema, con un valor de siete pesos con 50 centavos, y fue liberado el pasado jueves, luego de 22 días.
Al menos mil enfermos mentales están en reclusorios capitalinos
La asambleísta Rebeca Peralta León señaló que, de acuerdo con las autoridades capitalinas hasta el 17 de febrero pasado se tenía un registro de mil 30 internos e internas inimputables y enfermos mentales en las cárceles de la Ciudad de México.
Ante esta situación, informó que solicitarán a las autoridades locales que revisen los expedientes a fin de que estas personas salgan libres, siempre y cuando cumplan con las normas respectivas, así como un informe detallado de las tiendas o supermercados que han interpuesto demandas contra personas con alguna discapacidad.
“Necesitamos contar con información para ver la forma en cómo desde la Comisión de Reclusorios ayudamos a los internos e internas que tienen alguna discapacidad y están presos en los reclusorios preventivos de la ciudad por robos menores”, agregó.
La legisladora lamentó que “los encargados de los establecimientos comerciales no tengan la sensibilidad para comprender que esas personas no están en sus cabales y los envíen al Ministerio Público por robo y de ahí a los juzgados donde sufren un calvario a pesar de que físicamente se observa su discapacidad”.
Peralta León aclaró sin embargo que sería necesario revisar los cargos y hacerse una investigación exhaustiva para conocer las causas reales que motivaron el ingreso de las personas con discapacidad intelectual a las cárceles.
En especial, agregó, porque al momento de la confrontación de las declaraciones se trata de la palabra del reo contra la de las tiendas departamentales.
Están presos por delitos menores como apropiarse de una bolsa de papas, refrescos, manzanas y sobres de sustitutos de café, entre otros productos, abundó la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa.
Redacción
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