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El gobierno quiere poner en ley mala práctica de privilegiar adjudicaciones directas: Coparmex
OMS se pronuncia a favor de reforzar la producción local de medicamentos. Foto de Notimex/ Archivo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró su inconformidad luego de que legisladores propusieran un periodo extraordinario de sesiones.

Esto con el objetivo de aprobar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permite la adjudicación directa de contratos para compra de insumos médicos y medicamentos por parte del Gobierno de México.

Sobre dicha inconformidad el presidente de la comisión anticorrupción de Coparmex, Max Kaiser, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

“Lo que el gobierno quiere hacer, prácticamente, es poner en ley la mala práctica que tiene de privilegiar las adjudicaciones directas sobre la competencia y sobre las licitaciones públicas.

Hoy en día ocho de cada 10 contratos que se hacen en el Gobierno Federal son por adjudicación directa y, si además de eso, le sumamos, siete por ciento que se hacen a través de la invitación restringida, quiere decir que  solo 13 de cada 100 contratos se hacen por licitación pública.

Esto, digamos, es una mala práctica y ahora se quiere llevar a la ley, se quiere poner en una ley como algo normal, con el pretexto de la pandemia pero, además, como forma de justificar la pésima planeación que se ha hecho”

Kaiser aseguró que hay tres puntos en los que Coparmex no coincide con la propuesta de reforma pues se trata de una reforma inconstitucional.

“Lo que nosotros planteamos son varias cosas, primero es que esto es algo inconstitucional, este artículo tiene todo tipo de vicios de inconstitucionalidad porque el artículo 134 de la Constitución establece como regla general la licitación pública, abierta y transparente en la que se privilegien las mejores condiciones para el Estado.

Legislar para dar permiso genérico para hacer adjudicaciones directas a organismos internacionales es inconstitucional.

Lo segundo es que va en contra de las convenciones internacionales de las que México es parte. En específico y la más importante, la convención de la ONU contra la corrupción en el artículo 9 dice que las contrataciones públicas deben ser competitivas, transparentes y por criterios objetivos, esto quiere decir que este artículo también va en contra la convención más importante contra la corrupción.

El tercer punto es que no hay ninguna necesidad, hay desde hace varias semanas abierto un proceso de parlamento abierto en el que se discute, en conjunto, un proceso completo de nuevas leyes de adquisiciones que pongan a México en las mejores prácticas internacionales y generen confianza por lo tanto, esta bola rápida de meter en un periodo extraordinario de sesiones, sin discusión, un solo artículo nos parece inentendible”

Reveló que al menos 80 de cada 100 compras, actualmente, se hace por adjudicaciones directas, además de otras que se realizan por un proceso de “simulación” en el que se hacen invitaciones a proveedores en específico.

“80 de cada 100 compras son por adjudicación directa, alrededor de siete son por esta simulación, digo simulación porque lo que hace el gobierno o un servidor público es invitar a tres proveedores y escoge a uno de los tres. Son una simulación y lo conocemos muy bien porque, normalmente, dos de los que participan ya saben que no van a ganar”.

También señaló que los grandes proyectos de la Administración federal siguen esta lógica.

Los proyectos más grandes de infraestructura, en este momento, Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, se están construyendo, básicamente, por adjudicaciones directas, y por procedimientos de invitación restringida.

Esta práctica, indicó, genera desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros y limita que ellos tengan acceso a proyectos gubernamentales.

“87 de cada 100 contratos se asignan por procesos no competitivos en contra de la Constitución, en contra de las convenciones internacionales y en contra de las mejores prácticas, por lo tanto,  generando muy poca certeza en los inversionistas, en especial extranjeros, y muy poca confianza.Los inversionistas saben que para obtener un contrato del gobierno necesitan un compadre, alguien que los conecte, alguien que les eche la mano para llegar a esa oficina en donde se están tomando estas 87 de cada 100 decisiones. Eso genera desconfianza en un inversionista extranjero y poca certeza para quienes quieren competir en México. Por todos lados, mal esta iniciativa”.

También indicó que el gobierno no tiene necesidad de recurrir a organismos intergubernamentales pues cuenta con las herramientas para comprar las medicinas en México a través de procesos legales.

“Lo que decimos es que hoy el Gobierno tiene todas las herramientas para comprar todas las medicinas que quiera en México y en el extranjero vía los procesos legales, es decir no necesita excepciones ni puentes directos, no necesita organismos intergubernamentales que, sabrá Dios a qué se refieren con eso, lo que necesitan es ejecutar la Ley de Adquisiciones como está y como se debe planear procesos de contratación con licitaciones públicas abiertas.

Hoy la industria nacional y extranjera que está en México tiene la capacidad de proveer las medicinas que el gobierno necesita y a buen precio con las cantidades que se requieren pero, de calidad. Eso es lo más importante para nosotros”.

Reiteró la postura de Coparmex de exigir que en México el gobierno adquiera medicamentos de calidad a través de empresas que generen confianza.

“En Coparmex decimos que los mexicanos merecen tener las mejores medicina en todos los hospitales a disposición de cada persona, lo que queremos es que se utilicen los organismos adecuados que generen confianza y no hace falta un mecanismo de excepción para ir a organismos intergubernamentales a comprar medicinas de quién sabe dónde, que vengan con quién sabe qué especificaciones de calidad, y que vengan certificadas por quién sabe quién. Tenemos todos los recursos para comprar las mejores medicinas a las empresas mexicanas y extranjeras que ya las hacen y que las hacen bien y que siempre las han surtido”.

Finalmente, indicó que están a favor de que se abran las investigaciones correspondientes contra empresas que hayan actuado mal en este tipo de compras previas y que sean sancionadas.

“Si hay todas estas sospechas que se abran todas las investigaciones que hagan falta, que se abran todos los expedientes en contra de todos los servidores públicos del pasado y presente y de todas las empresas que fueron desleales al Estado, que realmente se pruebe que hay empresas que vendieron a sobre precio, o que vendieron medicinas que no eran de la calidad adecuada o material quirúrgico o máquinas que no servían y que sean sancionadas, eso pedimos nosotros: Coparmex pide que se hagan los procedimientos  que se haga justicia.

Lo peor que puede pasar es que desde un pedestal se señale, sin ninguna prueba a todo un sector y se diga que por lo tanto, se debe acudir a organismos intergubernamentales a comprarle a quién sabe qué empresas que no son las que están en México, no tiene ninguna lógica y no hay ninguna necesidad”.

Con información de López-Dóriga Digital