Al tratarse de una iniciativa preferente, el Congreso tiene 30 días para aprobarla desde que el presidente la enviara, algo que ocurrió el lunes 1 de febrero
La Cámara de Diputados analiza, desde este miércoles en Comisiones, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables y priorizaría la eléctrica del Estado enviada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa “se envió a la Comisión de Energía para dictamen, y a las de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión”, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
Ese es el paso previo a que el dictamen de ley llegue al Pleno de la Cámara de Diputados.
Al tratarse de una iniciativa preferente, el Congreso tiene 30 días para aprobarla desde que el presidente la enviara, algo que ocurrió el lunes 1 de febrero.
La reforma presentada por López Obrador busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”, como argumenta el mandatario en el texto que ya estudian las comisiones de la Cámara de Diputados.
La norma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política de la Sener fue parcialmente suspendida este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa preferente del presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comenzó el 1 de febrero.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
Con información de EFE
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