Así controlaban Los Zetas en Coahuila y Veracruz

Con el testimonio de varios miembros de Los Zetas enjuiciados en Estados Unidos, la Universidad de Texas informó, a lo largo de un documento de 60 páginas, la forma en que el cártel del narcotráfico logró hacerse de un control casi absoluto en Coahuila y Veracruz.

En el mismo, la universidad detalla cómo a través de una red de lavado de dinero, con empresas que laboraban para Pemex, sobornos a políticos y el control de las cárceles y sistema penitenciario de ambos estados, se transformaron en el poder más importante en ambas entidades.

“Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cartel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos abusos”, explicó el centro de estudios el lunes.

Como parte de los testimonios, algunos acusados relataron el pago de 4 millones de dólares en efectivo a representantes de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, a cambio de obtener el control total sobre Coahuila.

Posteriormente, el grupo criminal llegaría a un acuerdo similar con Rubén Moreira a cambio de seguir ejerciendo el control sobre las instituciones estatales. Relataron que al actual gobernador se le entregó una camioneta suburban la cual estaba repleta de maletas con dinero en efectivo.

En Veracruz, por otro lado, los detenidos informaron de la entrega de 12 millones de dólares a la campaña de Fidel Herrera para la campaña del año 2004. El objetivo era conseguir un arreglo con el gobernador para que este apoyara a la empresa ADT Petroservicios, propiedad de Los Zetas, en la obtención de contratos con Pemex.

Un contador del grupo criminal aseguró que entre el 10 y el 16 por ciento de los recursos obtenidos por cada contrato eran utilizados para sobornar a las autoridades estatales.

Los detenidos añadieron que en la extensa red de lavado de dinero no solo involucraron a Pemex y a los propios gobiernos estatales, pues también trabajaron a través de distintas empresas con la Comisión Federal de Electricidad y con la SHCP, que les ayudó a inventar deudas para reducir las tasas de interés que debían pagar por sus ingresos.

Rodrigo Humberto Uribe, quien fue asesor de inversiones y encargado de la red de lavado de dinero del grupo en Coahuila, y uno de los testigos principales citados por el trabajo, informó en su declaración ante autoridades estadounidenses que contaban con un control total en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla.

Sobre la forma en que mantuvieron el control de sus plazas, los narcotraficantes indicaron que existían dos métodos para lograrlo. La primera era simplemente pagarle a los policías locales para evitar que interfirieran en sus actividades criminales. En caso de que esto no funcionara, los delincuentes citaban al jefe policial y lo amenazaban con matar a su familia en caso de que intentara actuar en su contra.

“Los Zetas mantuvieron el control sobre la policía, garantizando su cooperación a través de la intimidación y la fuerza. Si policía se negaba a hacer ciertas cosas, lo amenazaban a él y a su familia”, afirmó Marlon Campos Salmerón, policía municipal y traficante de drogas y armas para Los Zetas.

Otro narcotraficante, José Luis Rodríguez, dijo en su declaración cómo desde la cárcel de Piedras Negras la organización realizaba distintas actividades para continuar con sus operaciones ilegales, incluyendo arreglar automóviles para esconder droga y la venta y distribución de la misma. Además, el centro penitenciario se volvió el lugar ideal para ocultarse de la Policía Federal.

De acuerdo a su testimonio, cuando un miembro de la banda era detenido y trasladado ahí, “tenían acceso a drogas, alcohol, armas, televisiones, celulares, refrigeradores, mujeres y fiestas, además de cuartos propios”.

Otros testigos señalaron que el cártel pagó grandes sumas de dinero a la PGR y a la PGJ de Coahuila para que se desecharan los cargos penales y que no se investigaran las denuncias en su contra.

Redacción