Comisión seguimiento a nuevo aeropuerto entrega Libro Blanco a Jiménez Espriú

Rafael Hernández Soriano, quien presidió la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, entregó a Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Libro Blanco sobre las conclusiones a las que llegó ese grupo de trabajo.

En el documento, se manifiesta la postura y preocupaciones de la comisión y especialistas, además de que se propone considerar más aspectos sobre el futuro del aeropuerto, previo a la consulta popular para definir el futuro de la obra.

La comisión de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados concluyó que oponerse a la construcción de un nuevo aeropuerto y posponer el rediseño del sistema aeroportuario nacional es aumentar riesgos en la seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mismo que está rebasado en capacidad para sostener una demanda creciente.

Además, sostuvo que dicha medida frenaría las alternativas para aumentar la capacidad comercial, intercambio y desarrollo económico del país.

Aquí, el texto íntegro de

Los aeropuertos deben garantizar seguridad, integración social, economía, eficiencia y funcionalidad, a población, operadores y usuarios. Por ello, observo con preocupación que el debate desarrollado a partir de la elección presidencial del 1 de julio respecto a dos de las probables opciones de ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México derive en la puesta al escrutinio público, preponderantemente, de los aspectos económico y medioambiental de la obra, dejando de lado o en segundo término otros fundamentales para el cumplimiento de los principios que se deben resguardar.

La complejidad de la obra y del sistema aeroportuario nacional por su impacto en lo que resta del siglo XXI, hace necesaria una visión holística del aeropuerto o sistema nacional aeroportuario que se pretenden sustentar en el debate rumbo a una probable consulta social anunciada por el próximo titular del Ejecutivo Federal.

Por ello, en mi calidad de ex legislador federal y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entrego a usted, reflexiones y análisis que especialistas de trayectoria reconocida en su ramo aportaron al Congreso Mexicano respecto a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El propósito es contribuir a la decisión que el próximo Gobierno Federal deberá realizar respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto.

En el Libro Blanco se analizan, entre otros rubros, la problemática y dilema que representan los dos proyectos gemelos de aeropuertos, el que dejará de operar por saturación y el que debe reemplazarlo; el reto que representa re imaginar el desarrollo en la Zona Metropolitana del Valle de México; el potencial detonador del desarrollo del nuevo aeropuerto y el riesgo de que un grupo lo utilice como negocio inmobiliario.

Me refiero solo a algunas preocupaciones y aportaciones:

1. La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y lo que se proyecte para los terrenos que ocupa actualmente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez representan la última oportunidad para planificar responsablemente el desarrollo urbano de la Ciudad de México y su Megalópolis en lo que resta del siglo XXI, por lo que no debieran pensarse aisladamente, ni en el corto plazo: son proyectos gemelos y representan la oportunidad de reconciliar y equilibrar el desarrollo sostenible de la CDMX con Zona Oriente del Valle de México.
2. El proyecto arquitectónico no debe determinar el Plan Maestro de la obra, ni la obra el desarrollo urbano de la región. Es necesaria la revisión de los estudios que dan sentido al Plan de Desarrollo Urbano de la Megalópolis, y también ajustar el tamaño, crecimiento modular progresivo y capacidades del Plan Maestro de la obra con una visión nacional considerando el sistema nacional aeroportario, las proyecciones futuras de crecimiento económico nacional y regional, y con ello la demanda futura de servicios de carga y transporte de pasajeros en forma realista y no aspiracional. Ello abonará en economía, eficiencia y funcionalidad.
3. Se debe garantizar la inclusión social de la población de la Megalópolis y primordialmente de la población aledaña al desarrollo, pasando de las opiniones declarativas a medidas que se materialicen en garantías de empleo, educación relativa a servicios relacionados al uso aeroportuario, remediación de todo tipo de afectaciones, entre otras medidas necesarias que garanticen se cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
4. Hay más de dos opciones para la ubicación del Aeropuerto, sin embargo, aunque en la Comisión Especial trascendimos esa discusión por el avance de la obra en Texcoco y porque la mayoría legislativa respaldó la elección del actual gobierno, considero que es necesario pasar de la polémica generada por la consulta popular que se propone realizar en octubre, a darle el auténtico valor a los estudios, opiniones y criterios de especialistas y organismos mexicanos y extranjeros. Si de ello, en las opciones persiste igual valor en los principios enunciados, a saber seguridad, economía, eficiencia, funcionalidad, integración social, se debe informar objetiva y transparentemente a la población ya sea de la necesidad de la consulta, o de lo contrario, como un acto de gobierno, se tome la decisión más viable para todos.
5. Como conclusión de las opiniones de inviabilidad técnica sobre la opción de convivencia del AIBJ y el desarrollo de un aeropuerto civil en Santa Lucía, sostengo que sería más útil al país no realizar la consulta popular y hacer los compromisos de promover toda una estrategia del servicio de transporte aéreo, el reordenamiento de polos económicos de desarrollo y buscar la mejor opción para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya está saturado y representa un peligro para la seguridad de usuarios del transporte aéreo y de los habitantes de la Ciudad.
6. Argumentar el alto costo económico como único factor para cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y habilitar a la base militar de Santa Lucía para que opere de manera paralela al actual aeropuerto internacional, es una postura reduccionista que, por el bien de México, tiene que abrirse a otros elementos sin omitir que si ha habido mal uso de recursos públicos en la obra en proceso, o se han causado daños ecológicos, a sitios arqueológicos, al patrimonio de los pueblos originarios y pobladores, estos tienen que ser resarcidos y sancionados los responsables.
7. Los planes y estudios de desarrollos complementarios a la obra, como los de conectividad terrestre, hidraúlicos, inmobiliarios, entre otros, deben de transparentarse y respetar los derechos humanos de los pobladores sean usuarios o no del aeropuerto.
8. Por tratarse de infraestructura crítica para la Nación, el gobierno federal debe garantizar la seguridad en el aeropuerto, además de transparentar los fideicomisos privados y el público de financiamiento; así como considerar los compromisos, garantías y riesgos contractuales contraídos con la banca internacional, para tomar una decisión respecto a la viabilidad financiera y rentabilidad económica del aeropuerto, y con ello sustentar técnicamente decisiones que se tomen respecto a los mecanismos de financiamiento y probable privatización o concesión de la obra y funcionamiento del aeropuerto.

Las anteriores son solo algunas de las aportaciones y preocupaciones de especialistas de diversos campos del conocimiento que participaron en sesiones, foros, conversatorios y debates convocados por la Comisión de Especial y que en su conjunto forman parte integrante del informe final y archivo entregado a la Cámara de Diputados por la presidencia de la comisión.

La finalidad de esta selección de aportaciones es abonar en el conocimiento de funcionarios, de gobernantes y expertos para fortalecer una decisión de Estado, sin menoscabar la relevancia de la participación ciudadana en la vida pública, precisando que para el tema del futuro y trascendencia de lo que implica en múltiples campos el nuevo aeropuerto, es más un asunto de expertos enfocados al bien de México, por lo que consideramos se deben respaldar y ser atendidos.

Nuestra responsabilidad social no culminó con el término de la LXIII Legislatura, por eso, al existir materia de trabajo, la pongo a disposición de quienes deberán tomar la decisión  sobre el futuro del aeropuerto que México necesita. En este sentido reiteramos el exhorto al gobernador del Estado de México para que retire las demandas judiciales que ha presentado su gobierno en contra de vecinos de Ecatepec y de Tezoyuca que se han atrevido a denunciar afectaciones a su patrimonio provocadas por la obra del Aeropuerto y obras relacionadas como el Circuito Exterior Mexiquense.

Oponerse a la construcción de un nuevo aeropuerto y posponer el rediseño del sistema aeroportuario nacional es aumentar riesgos en la seguridad aérea en el AICM que está rebasado en capacidad para sostener una demanda creciente, además de frenar alternativas para aumentar la capacidad comercial, intercambio y desarrollo económico del país.