El motivo de la retención de los funcionarios es por un fallo que puso a libertad a una persona acusada de homicidio calificado
En la cabecera municipal de Bochil, Chiapas, fueron secuestrados un juez y seis empleados del Poder Judicial del Estado (PJE), quienes fueron trasladados hacia una comunidad del municipio. El motivo de la retención de los funcionarios es por el fallo que puso a libertad a una persona acusada de homicidio calificado, lo cual enfureció a los pobladores.
Cientos de campesinos provenientes de la población Llano Grande, llegaron hasta las oficinas del PJE, localizadas sobre la Carretera Federal y 3ª Sur en el barrio Orizaba de Bochil, donde sorprendieron al juez mixto Julio César Victoria Gómez y su personal, para luego privarlos de la libertad.
Además, los campesinos tomaron las oficinas y bloquearon los accesos, dejando salir solo a las empleadas y retuvieron al juez mixto, dos secretarios de acuerdo, un defensor de oficio, un oficial de partes y dos trabajadores más quienes fueron llevados a la comunidad Llano Grande, a bordo de varias camionetas.
Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 13:00 h, mientras el titular del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadena, celebraba con las mujeres burócratas el Día de las Madres.
La oficina de comunicación social de la dependencia solo informó que ya se estaba instalando una mesa de diálogo en San Cristóbal de las Casas para lograr la libertad de los detenidos.
El incidente está relacionado con una denuncia pública que lanzara hoy Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, quien dijo conocer información de que esta mañana gente de Bochil llegaría a sus oficinas en San Cristóbal para vandalizarlas.
Los inconformes, precisó, están “molestos por la liberación de una persona que estaba injustamente presa, de nombre Daniel Sánchez Hernández”.
Cadenas solicitó al titular de la SSP “implemente medidas cautelares a nuestro favor, tanto para nuestras oficinas como a nuestras personas y familias”. Agregó que tras los oficios judiciales de este organismo defensor de los derechos humanos, se logró esclarecer que Sánchez Hernández era inocente de un crimen que no cometió y que dolosamente el MP de la Fiscalía General del Estado le “fabricó” el delito.
“Tras revisar el expediente y el proceso por el que fue detenido, se concluyó que el inculpado sólo era un chivo expiatorio”, explicó Cadenas Gordillo.
Se espera la liberación de los detenidos.
Con información de Proceso
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