La iniciativa propone desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda
El Comité Internacional de la Cruz Roja en México (CICR) urgió a las autoridades mexicanas a profundizar en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, tras tres años de haber entrado en vigor en el país.
El organismo hizo un llamado al Gobierno mexicano para proteger los avances de esta ley y fortalecer los sistemas y organismo creados, respetando así los consensos previos.
Esta petición llega luego de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que propone, entre otras cosas, eliminar la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Para Martín de Boer, jefe de operaciones del CICR para México, esto podría tener “consecuencias negativas” en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
El directivo explicó que, además, la iniciativa propone desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Dijo que ambos procesos se refuerzan mutuamente “por lo que resulta clave seguir consolidando mecanismos y procedimientos que propicien una efectiva comunicación y coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, tanto a nivel federal como estatal, y así garantizar el derecho a la verdad y justicia para las familias”, agregó.
Recordó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se reportan 82 mil 323 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 7 mil 38 desaparecieron durante el 2020.
Lo anterior, afirmó, indica que la problemática persiste y que se requieren mantener los esfuerzos realizados hasta el momento.
Destacó que aún hay muchos retos para la adecuada implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, aunque reconoció los logros obtenidos en estos tres años.
“Hoy contamos con 15 leyes estatales aprobadas que permiten una protección más amplia de los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares”, apuntó.
Resaltó que durante este tiempo se conformaron las comisiones de búsqueda en todas las entidades federativas y se aprobó el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) que permite establecer la distribución de competencias entre distintas instituciones.
Asimismo, la ley creó mecanismos especiales como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para la coordinación entre diversas instituciones, y el Sistema Único de Gestión de Información Tecnológica e Informática, para asegurar que la información pueda compartirse entre instituciones.
Con información de EFE
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