Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra calificaron como “fallida” la respuesta del Estado para contener a organizaciones delincuenciales
Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad sin Guerra condenaron la violencia registrada en Sinaloa, producto de la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Mediante un comunicado ambas organizaciones calificaron como “fallida” la respuesta del Estado para contener a organizaciones delincuenciales que han tomado el control en diversas ciudades, situación reflejada en Sinaloa.
Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra sentenciaron que la política de militarización implementada no es efectiva para resolver, a largo plazo, la crisis de violencia en México.
La presencia de elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios, ni ha demostrado proveer protección integral a la población con base en los estándares internacionales de derechos humanos.”
Denunciaron un aumento en la comisión de los delitos perpetrados por la delincuencia organizada contra la libertad personal, así como la extorsión.
Han aumentado las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, tales como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además de que las instituciones de seguridad civiles han sido gravemente debilitadas”, continuaron.
Ambas organizaciones reiteraron su exigencia al Gobierno Federal de poner fin a la militarización de la seguridad pública, e instaron a crear una estrategia nacional para el desarme del país.
Exhortaron a la reglamentación del artículo 129 constitucional que señala que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” con lo cual se brindará mayor protección a la población y se garantizarán controles legislativos y judiciales que supervisen las acciones de las fuerzas armadas.
Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra demandaron medidas urgentes para garantizar la vida, seguridad e integridad de la población en Sinaloa.
Así como implementar políticas integrales que conduzcan a la disminución y contención del delito y la prevención social y de la reincidencia delictiva.
Por último, presentar un plan a corto, mediano y largo plazo de desmilitarización del país.
Con información de López-Dóriga Digital
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