A cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

A cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa - Foto de EFE
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A cinco años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, la búsqueda continúa

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumple un lustro con la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables, y el reto de empezar de nuevo y casi desde cero la búsqueda.

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A casi un año de mandato, el compromiso de esclarecer el caso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador parece empezar a materializarse y esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala para encontrar indicios de los jóvenes.

Pero sigue afrontando enormes retos la investigación de este caso, que “mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México“, contó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias.

La verdad histórica

Acuciado por una enorme impopularidad, Peña Nieto dejó la presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato, defendió la versión oficial de su gobierno, conocida como “verdad histórica”, sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.

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Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.

“Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas“, expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación “se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad”.

Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del Cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

“Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales”, dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas “ilícitas” al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.

La investigación

Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

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La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.

Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.

“Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia“, lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber “estirado” durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.

El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que “no hay que partir de cero” dado que los expertos internacionales hicieron un “gran trabajo” y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.

El paso del tiempo

Sin embargo, especialistas aseguran que una de las partes más preocupantes del caso es el paso del tiempo.

Para Javier Tejado, maestro en Relaciones Internacionales, “estamos más lejos de la verdad legal que en cualquier otro momento”  al tiempo que lamentó la decisión de que se reinicie la investigación.

Consideró que no se podrá juzgar nuevamente a los presuntos implicados, algunos de ellos ya sometidos a juicio e incluso exonerados, por el mismo delito por lo que la vía para que reciban sanción sería que fueran vinculados a delitos diferentes a las desapariciones.

El especialista aseguró que además de los Policías Municipales señalados, habría que investigar al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y su vínculo con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, ambos señalados como responsables de la muerte de los estudiantes.

Además, llamó a atender los diferendos entre la entonces PGR, la Segob y el Cisen, dado que estos dos últimos se abocaron de lleno a localizar con vida a los estudiantes, cuya urgencia por hacerlo derivó en muchos casos de tortura, lo que a su vez permitió alegatos de los presuntos implicados y que salieran libres.

Las familias

Mientras el nuevo gobierno pide más tiempo para investigar, dado que solo lleva casi 10 meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la más reciente reunión con padres de los normalistas en Palacio Nacional. Foto de EFE

“Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza (con López Obrador) se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones”, aseveró contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.

Sin embargo, Cristina, quien califica la versión de Peña Nieto como “mentira histórica” admite que “este gobierno es diferente del gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación“.

El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para esta madre que creía que Benjamín y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana.

“Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos”, aseveró.

Con información de EFE y López-Dóriga Digital

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