Será este 10 de enero cuando se conozca la sentencia contra Trump por el caso de los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, pedirá paralizar la sentencia que está previsto se comunique el 10 de enero en su juicio por los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels, mientras su equipo prepara la apelación a los últimos fallos del tribunal que rechazó su solicitud de desestimar el caso.
Los abogados de Trump indicaron, en un documento presentado ante la Corte el domingo y hecho público este lunes, que el republicano planea apelar el fallo del tribunal, que denegó las peticiones de la defensa de anular el veredicto de culpabilidad y de desestimar el caso argumentando que posee inmunidad presidencial.
El tribunal debe anular la audiencia de sentencia programada para el 10 de enero de 2025 y suspender todos los plazos adicionales en el caso hasta que las apelaciones por la inmunidad del presidente Trump se resuelvan”, escriben.
Según la interpretación de los abogados, iniciar esta apelación pone en pausa automática los procedimientos judiciales posteriores.
Merchan anunció la semana pasada que dictaría sentencia el próximos viernes en el caso de Trump en Nueva York, aunque adelantó que no incluiría una pena de cárcel, especificando que esa pena está “autorizada por su culpabilidad”, pero ya no es vista por la Fiscalía como “una recomendación práctica”.
El juez ordenó al acusado a que comparezca “en persona o virtualmente” el viernes a las 9:30 h local para escuchar la sentencia.
El republicano, que volverá a la Casa Blanca solo diez días después de la sentencia, tildó el viernes pasado de “ataque político ilegítimo” la decisión de Merchan.
“El juez ‘en funciones’ Merchan, que es un partidario radical, acaba de emitir otra orden que es deliberadamente ilegal, va en contra de nuestra Constitución y, si se permite que siga vigente, sería el fin de la presidencia tal y como la conocemos”, escribió en su red social, Truth Social.
Esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación.
Con información de EFE
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