Lázaro Báez es investigado por supuesto lavado de dinero y otros presuntos ilícitos durante los gobiernos kirchneristas
Un tribunal de Argentina concedió este miércoles la liberación de Lázaro Báez, aunque el empresario investigado por supuesto lavado de dinero y otros presuntos ilícitos durante los gobiernos kirchneristas deberá permanecer en su casa bajo un arresto domiciliario dispuesto por otro tribunal.
La excarcelación fue concedida por el Tribunal Oral en lo Criminal 4, que le impuso al empresario una serie de condiciones para recuperar la libertad en el marco de la causa que se le sigue por presunto lavado de activos.
Según lo dispuesto por el tribunal, Báez deberá estar bajo vigilancia mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, pagar una caución de 8.5 millones de dólares y presentarse cada quince días ante el tribunal, que, además, le prohíbe salir del país.
En marzo pasado, otro juzgado había concedido a Báez el beneficio de la prisión domiciliaria mientras durara la emergencia sanitaria por COVID-19, pero aquella medida no se hizo efectiva porque el empresario estaba bajo prisión preventiva en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
Por esa razón, a partir de la decisión adoptada este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 aclara en su fallo que la excarcelación de Báez “no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario ordenado en aquella causa”, es decir, que podrá retornar a su casa, pero no salir fuera de ella, más allá que sea vigilado con una pulsera electrónica.
Báez, un empresario del sector de la construcción, está detenido desde el 6 de abril de 2016.
Su defensa había argumentado que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes, lo cual lo pone en situación de riesgo, ante la pandemia de coronavirus.
Desde 2018, el empresario es sometido a juicio oral por la causa conocida como “Ruta del dinero K“, en la que se le acusa de encabezar una supuesta trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) a empresas del Grupo Austral, propiedad de Báez.
Con información de EFE
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