Un tribunal suspendió la apertura de delegaciones del gobierno catalán en México, Argentina y Túnez después de que fueran impugnadas por el Ejecutivo central español
Un tribunal suspendió este miércoles la apertura de tres delegaciones del gobierno regional catalán en México, Argentina y Túnez, después de que fueran impugnadas por el Ejecutivo central español.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores recurrió judicialmente la apertura de esas oficinas porque consideró que su objetivo auténtico era promover en el exterior las tesis del independentismo catalán.
Una sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó esa petición al considerar que esas nuevas delegaciones pueden causar “interferencias en la política exterior del Estado” español y generar “confusión en terceros estados y organizaciones“.
El Ministerio de Exteriores pidió también al TSJC que ordenara cautelarmente el cierre de otras delegaciones que el gobierno catalán ya tiene abiertas en Alemania, Suiza y el Reino Unido, pero el alto tribunal catalán rechazó en julio pasado paralizar temporalmente la actividad de esas tres oficinas.
La decisión del TSJC recuerda que los decretos impugnados atribuyen a las nuevas delegaciones del gabinete regional la función de promover y coordinar las “relaciones bilaterales” con los cuerpos consulares de otros países, algo que, según el tribunal, podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional que establece que esa es una competencia exclusiva del Estado.
Añade que tampoco se puede ignorar la “dimensión política” que se atribuyen a las delegaciones catalanas en el extranjero, algo que no ha sido desmentido por los responsables del gobierno regional catalán.
Además, el Tribunal Constitucional español tiene pendiente decidir sobre un recurso del Gobierno central frente al plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea impulsado por el Ejecutivo catalán, que fue suspendido tras esa impugnación.
Las autoridades regionales catalanas llevan varios años embarcadas en un discurso independentista, con un intento secesionista ilegal en 2017, en contra de la Constitución y del propio estatuto que rige el autogobierno de Cataluña.
Con información de EFE
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