El politólogo Daniel Zovatto analiza la declaración de la presidenta de Honduras, Xiomara Castroque, que “agrava la crisis electoral”
Por Daniel Zovatto
La presidenta Xiomara Castro acaba de arrojar un bidón de gasolina al fuego al afirmar que las elecciones del pasado 30 de noviembre sufrieron un “golpe electoral” y, por tanto, están viciadas de nulidad.
La mandataria aseguró que denunciará este “grave hecho” ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la CELAC, la OEA y otros organismos internacionales.
“Mi deber como presidenta —y como mujer surgida de la resistencia— es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo”, advirtió.
Castro también condenó este martes “la injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios, acusándolo de “trampas, fraudes y manipulación” en los resultados preliminares.
“Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño diciendo que, si votaban por una valiente y patriota candidata de Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, afirmó durante un discurso en la inauguración del poder judicial en el departamento de Olancho, al este del país.
Pero estas palabras de la presidenta Castro no solo son políticamente imprudentes: son, al mismo tiempo, jurídicamente inviables y democráticamente corrosivas.
Si bien es cierto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha sido un modelo de transparencia ni de eficiencia, y que el TREP presentó fallas técnicas numerosas y significativas, ninguna de estas deficiencias —ni siquiera la indebida e inaceptable injerencia del presidente Trump en la campaña— alcanza para explicar la drástica pérdida de apoyo electoral de LIBRE, que pasó del 51% obtenido por Castro en 2021 al 20% de Rixi Moncada en 2025. Se trata de un desplome que no puede atribuirse a irregularidades, interferencias externas ni problemas operativos. La explicación hay que buscarla en el mal desempeño del Gobierno de Libre y en cómo este le falló a quienes lo respaldaron hace cuatro años.
A ello se suma que aún queda por revisar cerca del 12% de las actas y que la diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla apenas ronda los 42 mil votos. Aunque un cambio sustantivo sigue siendo poco probable, con un resultado preliminar tan ajustado tampoco es un escenario imposible. El proceso aún no ha concluido: restan los escrutinios especiales, la certificación de resultados, las impugnaciones y la eventual intervención del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
En este contexto, conviene recordar que no existe ningún mecanismo legal que permita anular las elecciones. Insistir en esa narrativa no solo alimenta la confusión: puede causar más daño que beneficio.
Leer también: EE.UU. traslada a México a 14 prisioneros para que cumplan en ese país sus condenas
Lo más preocupante es que sea el propio Gobierno quien esté debilitando la credibilidad del proceso electoral y minando la legitimidad de las instituciones encargadas de administrarlo. En un país que ya enfrenta tensiones políticas significativas y una ciudadanía profundamente polarizada, sembrar dudas sin sustento jurídico ni evidencia concluyente es una irresponsabilidad que solo agrava la incertidumbre.
Honduras necesita garantías, transparencia y serenidad institucional, no gestos que aviven el conflicto ni acciones que sigan erosionando la confianza pública en las elecciones y la democracia.
Además del papel responsable que deben asumir los actores políticos y los órganos electorales, es indispensable que la ciudadanía —que hasta ahora ha mostrado un notable espíritu cívico—, las cámaras empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y, especialmente, las fuerzas armadas contribuyan de manera constructiva a encauzar una salida legal, pacífica y democrática al laberinto electoral en el que hoy se encuentra atrapado el país.
En esta coyuntura especialmente tensa y compleja, las misiones de observación electoral —tanto nacionales como internacionales, en particular las de la OEA y de la Unión Europea— pueden y deben desempeñar un papel crucial para acompañar, verificar y respaldar un proceso transparente de conteo, o de recuento si fuese necesario, que permita a Honduras salir cuanto antes de este profundo atolladero institucional.
Minuto a minuto
