La Policía de Nicaragua advirtió que “no permitirá ninguna actividad” que altere el orden público, tras el llamado de la Unidad Nacional Azul y Blanco a realizar protestas
La Policía de Nicaragua advirtió que “no permitirá ninguna actividad” que altere el orden público en respuesta a una convocatoria opositora a hacer “piquetes” de protesta por la liberación de detenidos en las protestas, según un comunicado divulgado este sábado.
La autoridad además anunció que va a levantar cargos contra quienes “alteren la paz y la convivencia”, señala el comunicado, distribuido por la Presidencia.
La advertencia fue acompañada por el desplazamiento de un fuerte dispositivo de agentes antimotines y patrullas en la capital, principalmente en rotondas y centros comerciales donde se han efectuado protestas opositoras en ocasiones pasadas.
La Policía declaró ilegales las manifestaciones en septiembre y desde entonces impide cualquier expresión de protesta.
“Salgamos todos en el lugar donde estemos” para realizar este sábado “piquetes express” en demanda de la pronta liberación de los detenidos por participar en las protestas antigubernamentales, llamó el viernes la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
El llamado a expresiones de protesta relámpago ocurre una semana después de que la policía reprimió una marcha opositora y arrestó a más de un centenar de manifestantes, que liberó horas después.
La UNAB es una coalición de más de 40 agrupaciones sociales y políticas, entre ellas la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que sostiene negociaciones con el gobierno para resolver la crisis que vive el país desde hace 11 meses.
El gobierno y la ACJD acordaron el miércoles pasado liberar a todos los detenidos en las protestas en un máximo de 90 días, lo que ha provocado malestar entre familiares y sectores de oposición, que consideran un período “excesivo” y demandan su pronta salida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que hay 647 detenidos por las protestas, mientras la oposición señala que son 807 y el gobierno reconoce 350.
El proceso para la liberación de los detenidos comenzará cuando negociadores concilien las tres listas de los detenidos.
Las protestas antigubernamentales comenzaron en abril del año pasado en contra de una reforma a la seguridad social, pero al ser reprimidas se transformaron en una demanda para la renuncia del presidente Daniel Ortega, señalado por sus adversarios de actos de corrupción y de instaurar una dictadura.
Con información de AFP
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