Una ONG acusó a la Policía de Nicaragua de violar las normas constitucionales y procesales al detener, sin orden judicial, a opositores
Un organismo humanitario acusó a la Policía de Nicaragua de violar las normas constitucionales y procesales al detener, sin orden judicial, a los opositores que se han manifestado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis que vive el país desde hace año y medio.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “están violando las normas constitucionales y procesales”, porque “nadie puede ser detenido e investigado posteriormente”, señaló en rueda de prensa la abogada Nohemí Guerrero, de la unidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La letrada alegó que la Constitución de Nicaragua, las normas, y los convenios y tratados internacionales, establecen que la policía primero debe investigar y posteriormente detener al sospechoso, no al revés como “acostumbra” la institución del orden desde que estalló la crisis en abril de 2018.
Un nicaragüense solo puede ser detenido con una orden de captura girada por un juez correspondiente o en comisión fragante de delito, explicó.
Si la detención no cumple con ninguno de esos requisitos, la policía estaría trasgrediendo los derechos constitucionales de los nicaragüenses, argumentó.
La abogada del Cenidh hizo la denuncia a raíz de la detención de otros dos opositores, sin orden judicial.
La Policía Nacional, según los familiares de los detenidos, ha dicho que los dos opositores arrestados “están bajo investigación” en las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.
Los detenidos son el médico veterinario Denis Antonio García Jirón, y Bernardo José Ramos Rayo.
Ambos fueron arrestados el sábado pasado por policías y aunque han pasado más de 48 horas, que es el plazo establecido por la Ley para acusar legalmente a los sospechosos, de lo contrario tienen que ser liberados, aún permanecen encerrados, denunció la abogada.
El Cenidh es un organismo humanitario al que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlado por el oficialismo y a petición del Ejecutivo, canceló su personalidad jurídica en diciembre pasado, en medio de la crisis.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Con información de EFE
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