El domingo se elegirá un presidente. Pero lo que realmente está en juego es algo mucho más importante: la posibilidad de que Perú vuelva a tener un sistema político capaz de ofrecer estabilidad, representación y gobernabilidad
Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360
Este domingo 7 de junio, Perú acudirá nuevamente a las urnas para elegir presidente. Pero más que una elección presidencial, el país enfrenta una prueba crucial sobre la capacidad de su democracia para sobrevivir a una crisis política que ya se ha vuelto estructural.
La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez encuentra al Perú atrapado entre dos candidaturas que generan más temores que entusiasmos, más rechazo que adhesión y más incertidumbre que esperanza. No es casualidad que las encuestas muestren un empate técnico. Tampoco lo es que los niveles de voto en blanco, nulo e indeciso sigan siendo altos si bien han venido disminuyendo en los últimos días.
El problema peruano va mucho más allá de esta elección. La verdadera pregunta no es quién ganará el domingo, sino si el próximo presidente tendrá la capacidad de gobernar un país que parece haber perdido los mecanismos básicos de articulación política. Y si logrará permanecer en la presidencia los 5 años de su mandato.
Perú ha tenido ocho presidentes en la última década y está a punto de elegir al noveno. La primera vuelta presidencial contó con 35 candidatos, una cifra que ilustra mejor que cualquier otra estadística el grado de fragmentación y deterioro del sistema político.
Esta realidad ha sido brillantemente conceptualizada por los politólogos Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea mediante la noción de “vaciamiento democrático” (democratic hollowing). A diferencia de otros procesos de erosión democrática en América Latina, donde el problema surge por la excesiva concentración de poder en líderes fuertes, el caso peruano responde a la lógica inversa: una democracia debilitada por la dispersión extrema del poder, la fragmentación de la representación y la incapacidad de los actores políticos para construir consensos mínimos.
La consecuencia es una democracia formalmente vigente, pero crecientemente incapaz de cumplir sus funciones esenciales.
Perú ofrece hoy el ejemplo más acabado de este fenómeno en América Latina.
Los partidos políticos han dejado de actuar como mecanismos de agregación de intereses y representación ciudadana. En su lugar, proliferan organizaciones electorales efímeras, liderazgos personalistas y políticos amateurs cuya principal preocupación es la supervivencia inmediata. El resultado es una dinámica de cortoplacismo permanente que convierte la gobernabilidad en una tarea casi imposible.
La campaña que acaba de concluir refleja perfectamente esta crisis.
Keiko Fujimori cerró su campaña apelando a la “reconciliación nacional”, prometiendo seguridad, estabilidad económica y un gobierno tecnocrático. Roberto Sánchez, por su parte, centró su discurso en la necesidad de terminar con el “caos”, combatir la corrupción y emprender reformas profundas del Estado. Ambos intentan presentarse como la respuesta a la crisis, aunque para amplios sectores de la sociedad representan precisamente una parte importante del problema.
Fujimori busca convencer al electorado de que representa una versión renovada y más moderada del fujimorismo. Su estrategia consiste en capitalizar el creciente temor ciudadano frente a la inseguridad y la expansión del crimen organizado. La delincuencia se ha convertido en la principal preocupación nacional y constituye probablemente el tema más decisivo de esta elección.
Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular (derecha conservadora) sigue arrastrando elevados niveles de rechazo vinculados tanto al legado autoritario de su padre como al papel obstruccionista que desempeñó su partido en diversos episodios de la crisis política reciente.
Sánchez (izquierda) enfrenta desafíos distintos pero igualmente complejos. Aunque ha logrado ampliar su base electoral moderando su discurso y tratando de tranquilizar a los mercados, continúa siendo identificado por muchos votantes con el expresidente Pedro Castillo y con sectores radicales de la izquierda peruana.
La elección también revela una fractura territorial y social cada vez más profunda.
En efecto, Perú aparece dividido entre dos países: uno urbano, costero y relativamente integrado a la economía formal, que tiende a respaldar a Fujimori; y otro rural, andino y profundamente insatisfecho con el funcionamiento del sistema político y económico, que encuentra en Sánchez una expresión de sus demandas de cambio.
No se trata únicamente de una disputa ideológica entre izquierda y derecha. Es una confrontación entre visiones distintas del país, entre territorios que se sienten excluidos del progreso y sectores que temen perder la estabilidad alcanzada.
La paradoja es que cualquiera sea el resultado, el nuevo presidente heredará condiciones extremadamente adversas.
La fragmentación legislativa continuará dificultando la construcción de mayorías estables. Ninguno de los dos candidatos tendrá mayoría propia en el nuevo congreso que regresa a su formato bicameral. La inseguridad seguirá exigiendo respuestas urgentes. La corrupción permanecerá como uno de los principales factores de erosión de la confianza pública. Y la ciudadanía continuará mostrando una profunda desafección hacia las instituciones políticas.
Por ello, el verdadero desafío del próximo gobierno no será únicamente administrar la economía o combatir la delincuencia. Su principal tarea será reconstruir la capacidad del sistema político para representar, procesar conflictos y generar acuerdos.
En otras palabras, deberá enfrentar el vaciamiento democrático que ha venido erosionando silenciosamente las bases de la democracia peruana durante los últimos años.
La experiencia reciente de América Latina muestra que las democracias pueden deteriorarse tanto por exceso como por defecto de poder. Mientras algunos países enfrentan riesgos derivados de la concentración autoritaria, Perú ilustra los peligros opuestos: una democracia tan fragmentada y debilitada que pierde capacidad para gobernar eficazmente.
El domingo se elegirá un presidente. Pero lo que realmente está en juego es algo mucho más importante: la posibilidad de que Perú vuelva a tener un sistema político capaz de ofrecer estabilidad, representación y gobernabilidad.
Porque cuando una democracia deja de representar, deja de gobernar. Y cuando deja de gobernar, comienza a vaciarse por dentro.
Ese es, precisamente, el mayor riesgo que enfrenta hoy el Perú.
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