El ciudadano estadounidense Eddy Montes murió en mayo víctima del disparo de un custodio al estar recluído en una cárcel de Nicaragua
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este viernes que el Gobierno de Nicaragua evita investigar la muerte en mayo pasado de un ciudadano estadounidense-nicaragüense al recibir un disparo de un funcionario público mientras estaba en prisión.
“A casi tres meses de esa denuncia el Ministerio Público simplemente ha callado, no ha dictado ninguna resolución como lo manda la ley, el día de hoy he ido a presentar un escrito donde estoy solicitando que se pronuncie conforme a ley sobre ese asesinato tan vil y cruel, y no me fue recibido” dijo la abogada de la CPDH, Leyla Prado.
El veterano de la Armada de Estados Unidos, Eddy Montes Praslín, quien era crítico del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, murió el 16 de mayo pasado al recibir el disparo de un custodio en la cárcel “La Modelo“.
Según la versión oficial, Montes, un abogado y líder religioso de 57 años, detenido a finales de 2018 acusado delitos contra el orden público, atacó a un grupo de guardias y, en el forcejeo, el arma de un custodio se disparó.
No obstante, los excompañeros de celda de Montes sostienen que este nunca entró en contacto con los carceleros y que estos dispararon hacia una galería de presos desde una torre.
Diferentes vídeos del suceso, grabados por los reos con celulares apoyan la versión de los detenidos.
Prado recordó que el Ministerio Público tenía 20 días hábiles para decidir si ejercía una acción penal, desestimaba el caso o lo rechazaba por falta de pruebas, pero a casi tres meses de la denuncia, además de no pronunciarse, se niega a recibir una petición de fallo.
“Estoy llena de indignación de ver la postura de las instituciones del Estado”, dijo Prado, quien increpó de manera formal a la fiscal general, Ana Julia Guido, por faltar a su juramento de cumplir con la ley, y al fiscal de Managua, Alejandro López, por “maltratar a los defensores de los derechos humanos”.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, criticó al Gobierno de Ortega por exigir a Costa Rica que investigue la reciente muerte de un ciudadano nicaragüense por un disparo supuestamente ejecutado por las fuerzas de seguridad costarricenses, “cuando no lo hace con sus propios funcionarios”.
Prado agregó que hasta ahora las autoridades se niegan a entregar a la familia de Montes el vídeo de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal.
También denunció que la Policía Nacional prohibió a la familia de Montes, que vive en Nicaragua, salir de su casa, salvo para lo estrictamente necesario.
“Ese triángulo perverso, como es la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, continúan apañando estos crímenes”, se quejó Carmona.
El caso de Montes se desprende de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, en protestas contra Ortega, cuyo Gobierno es señalado de cometer crímenes “de lesa humanidad” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la CIDH, al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, que inició en abril de 2018. Organizaciones locales cuentan 595. El Gobierno admite 200.
Con información de EFE
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