El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” promovida por empresarios y sectores opositores
El presidente venezolano Nicolás Maduro aprobó un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que extiende por 60 días más los poderes especiales para hacer frente a la crisis agravada por la abrupta caída de los precios petroleros.
De acuerdo con la Gaceta Oficial, fechada el 13 de septiembre y divulgada el jueves, Maduro prorrogó la medida en todo el país “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos”, a fin de que el Ejecutivo “adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.
El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” promovida por empresarios y sectores opositores para desestabilizar su gobierno.
El nuevo decreto extiende por dos meses aquel acordado en enero con un plazo inicial de 60 días para atender la compleja crisis económica y que ya había prorrogado en marzo y mayo por dos meses más. Esos decretos fueron avalados por el Tribunal Supremo de Justicia tras el rechazo de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
El decreto además otorga facultad al Ejecutivo a “decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales…o vulnerar la seguridad de la nación”.
Maduro ha dicho repetidamente que promulgó el decreto para enfrentar la crisis sin depender de la Asamblea Nacional y adelantó que procura mantenerlo vigente en lo que resta del año “para que (los legisladores opositores) no me vayan a sabotear el presupuesto de este año y del año que viene”, que por ley el Ejecutivo debe presentarlo en octubre ante el Legislativo para su aprobación.
Sus adversarios políticos han rechazado desde el principio el decreto de emergencia alegando que las acciones del gobierno no atienden la galopante inflación, la severa escasez y la recesión, y han exigido repetidamente al Ejecutivo el cambio inmediato del modelo económico.
En los últimos nueve meses el máximo tribunal del país, que es señalado de estar controlado por el oficialismo, ha declarado inconstitucional la mayoría de leyes y decisiones que ha aprobado la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, lo que ha desatado un enfrentamiento entre los poderes públicos.
Venezuela está agobiada por una galopante inflación que el Fondo Monetario Internacional estima que podría llegar este año a 720%, además de severos problemas de desabastecimiento de productos básicos y una fuerte recesión que podría profundizarse por el descenso de los precios del crudo, que genera el 96% de los recursos que recibe el país por exportaciones.
La falta de diversos productos y el deterioro de una amplia gama de servicios se han agudizado en los últimos dos años debido a que las autoridades redujeron el monto de venta de divisas oficiales, lo que impide al sector productivo comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.
El decreto también dispone que el gobierno puede “aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.
Redacción
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