El exmandatario de 65 años, que fue detenido en su casa de Miami el 2017, está acusado de corrupción y de espiar a adversarios políticos
Una jueza federal de Miami concedió el martes libertad bajo fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli, cuya extradición ha sido solicitada por la justicia de su país.
La jueza Marcia G. Cooke ordenó a Martinelli pagar un millón de dólares en efectivo para que pueda permanecer en su casa de Miami.
“(Martinelli) deberá participar en un programa de detención domiciliaria y respetar todos los requerimientos del programa”, expresó la jueza en su resolución. Entre esos requisitos hay un sistema de monitoreo electrónico o de verificación del lugar en donde está, que deberá pagar el expresidente.
“(Martinelli) deberá permanecer en su casa en todo momento, excepto por necesidades o tratamientos médicos y para acudir al tribunal”, agregó Cooke.
El exmandatario de 65 años, que fue detenido en su casa de Miami en junio de 2017, está acusado de corrupción y de espiar a adversarios políticos en Panamá.
El gobierno panameño pidió su arresto después que Martinelli optara por no presentarse en una audiencia judicial de diciembre de 2015 para enfrentar acusaciones por la presunta creación de lo que las autoridades describieron como un sistema ilegal de interceptaciones telefónicas y de otras conversaciones de al menos 150 personas. También está acusado de malversación de 13 millones de dólares de fondos públicos vinculados con el sistema de espionaje.
Martinelli, quien fue presidente entre 2009 y 2014, niega las acusaciones y ha dicho que son parte de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela.
En un documento de tres páginas que aparece en el expediente en línea, Cooke expresó que tenía jurisdicción para tomar la decisión y que existían circunstancias especiales para justificarla, entre ellas, el hecho de que “es un exjefe de Estado de un país soberano con largas relaciones con Estados Unidos, su edad avanzada y el deterioro de su salud mientras está detenido, y la posibilidad de que su apelación sea exitosa”.
Otro juez federal le había negado anteriormente la libertad bajo fianza a Martinelli y había accedido a su extradición. La jueza Cooke ratificó el 23 de enero esa orden de extradición.
El departamento de Justicia pidió que Martinelli no sea liberado de inmediato, para poder apelar la decisión de la jueza ante la Corte de Apelaciones de Atlanta.
El abogado de Martinelli, Marcos Jimémez, no respondió de manera inmediata a los mensajes de correo electrónico de la AP.
Entre las condiciones fijadas por la jueza para que Martinelli pueda dejar la prisión aparecen la notificación al tribunal de su domicilio en Miami y que no lo cambie sin antes obtener un permiso escrito de la Corte; presentarse ante el tribunal cada vez que se le pida y no considerar bajo ninguna circunstancia que el caso ha sido cerrado.
Además, no deberá cometer ninguna violación de las leyes federales o estatales, tendrá que entregar todos sus documentos de viaje y pasaportes a las autoridades y reportarse ante ellas una vez en la semana. Tampoco podrá hipotecar o vender ninguna propiedad.
Desde Panamá, la exdiputada Balbina Herrera, una de las personas que acusa a Martinelli de haberla espiado, consideró que la decisión de la jueza “es un respiro para el expresidente”.
“Nosotros los querellantes seguiremos nuestra lucha como hemos estado en los último tres años en Panamá, esperando justicia”, dijo Herrera, quien fue derrotada por Martinelli en las elecciones presidenciales de 2009.
Con información de The Associated Press
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