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Imagen de archivo de un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que atraviesa una puerta en la cerca a lo largo del río Grande, cerca de McAllen, Texas, EE. UU. EFE / LARRY W. SMITH

El Gobierno del presidente Donald Trump sufrió un revés esta semana tras el fallo de varios jueces federales que desestimaron los cargos contra decenas de inmigrantes indocumentados acusados de ingresar a zonas militares recién establecidas por la Administración para reforzar el control en la frontera con México.

El juez federal Miguel Torres en El Paso (Texas) desestimó los cargos presentados contra 16 inmigrantes acusados de traspasar una franja recién designada como de uso militar, según información citada por El Paso Matters.

El magistrado se negó a encausar a doce inmigrantes este jueves y cuatro más este viernes, después que el gobierno no pudo probar que había colocado letreros en “lugares visibles y apropiados” advirtiendo a las personas que estaban ingresando en área militar.

Una opinión similar emitió el miércoles pasado el juez federal Gregory B. Wormuth en un tribunal de Nuevo México al desechar los cargos contra 98 inmigrantes argumentando que el gobierno federal no había demostrado que estos sabían de antemano que estaban traspasando una franja militar, de acuerdo a la cadena ABC.

Los dos fallos suponen un revés para la Casa Blanca en sus esfuerzos por detener la inmigración indocumentada. El Gobierno Trump había instruido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ampliar las zonas de control militar de los fuertes cercanos a la frontera, en su deseo de militarizar la línea divisoria del sur del país.

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En las últimas semanas, el Pentágono ha tomado el control de dos franjas en la frontera con México: un tramo de 274 kilómetros, conocido como la Reserva Roosevelt (Nuevo México) y otro de 101 kilómetros a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth (Texas).

La designación permite a los soldados estadounidenses detener a inmigrantes, una tarea prohibida para el Ejército de EE.UU. dentro del país en áreas que no son de dominio militar.

Además, abre el camino para que la Fiscalía estadounidense impute cargos de traspaso de una zona militar a los inmigrantes, lo que conlleva penas más grandes que la ofensa civil que enfrentan por entrar de forma indocumentada al país.

Hegseth visitó a finales de abril la frontera para destacar su autoridad sobre las franjas. “Esta es propiedad del Departamento de Defensa”, indicó el funcionario en un comunicado de prensa.

Hizo hincapié en varios carteles en inglés y español puestos a lo largo de la franja que indicaban que el área está bajo jurisdicción militar estadounidense y advierten que los intrusos serán detenidos.

“La visibilidad es importante. La ubicación de las señales es importante. Su aspecto es importante”, dijo el juez Torres, sobre los avisos.

Todas las personas detenidas en estas zonas militares permanecen bajo custodia de las autoridades de inmigración en espera de sus procesos por ingresar de forma indocumentada.

Con información de EFE.