Japón empezó a administrar la vacuna contra COVID-19 a los mayores de 65 años, en un momento de creciente preocupación por una cuarta ola en el país y con la meta de que este grupo de su población esté inmunizado a finales de junio.
El grupo de mayores, que tienden a desarrollar síntomas más graves que los jóvenes cuando contraen la enfermedad, está compuesto por unos 36 millones de personas (un 28 % de la población japonesa), y supone el segundo en ser inoculado en el país tras los trabajadores sanitarios prioritarios.
El gobierno japonés planea asegurarse dosis suficientes para las dos inyecciones que requiere la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, la única que cuenta de momento con la aprobación para su uso en el archipiélago nipón, y que llegan al país asiático a través de la Unión Europea, lo que limita su disponibilidad.
La vacunación de los mayores arranca en un momento de creciente preocupación por el aumento de infecciones en las zonas más pobladas del archipiélago y el mismo día en el que las prefecturas de Tokio, Kioto y Okinawa comienzan a adoptar restricciones adicionales en la actividad comercial para tratar de frenar estos incrementos.
El gobierno central de Japón ha declarado un estado de alerta en estas zonas (además de en Osaka, Hyogo y Miyagi), sin llegar a declarar un tercer estado de emergencia a menos de cuatro meses de la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio.
Se teme que la creciente presión sobre el sistema sanitario nipón afecte al desempeño de la campaña de vacunación en Japón, que progresa lentamente desde que arrancara el 17 de febrero.
Según los datos disponibles más recientes del Ministerio de Salud japonés, alrededor de 1.1 millones de personas habían recibido al menos una dosis hasta el viernes pasado, un 0.8 % de la población, muy por detrás del ritmo de países como el Reino Unido o Estados Unidos y por debajo del promedio mundial del 5 %.
Tras la vacunación de los mayores de 65 años será el turno de las personas con enfermedades preexistentes, como la diabetes, y de los trabajadores en residencias de ancianos, tras lo cual se ampliará al resto de la población.
Con información de EFE
