El Ministerio de Gobierno de Ecuador solicitó que la Cancillería ecuatoriana gestione la retirada de la condición de refugiado de Walter Solís
El Ministerio de Gobierno de Ecuador solicitó este lunes a la Cancillería ecuatoriana que gestione la retirada de la condición de refugiado del exministro del correísmo Walter Solís que tiene por parte de México, donde recientemente fue detenido con fines de extradición, pero seguidamente puesto en libertad debido a la protección que le otorgó el Gobierno mexicano.
La cartera de Gobierno hizo esta petición al Ministerio de Relaciones Exteriores en un momento donde ambos países tienen sus relaciones rotas y mantienen un litigio en la Corte Internacional Penal de La Haya por el asalto ocurrido en abril a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, condenado por corrupción, y al que México había otorgado asilo diplomático.
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En la solicitud señaló que la gestión se haga “por los canales diplomáticos correspondientes”, que hasta el momento ha sido Suiza quien ha hecho de intermediario para tratar de lograr sin éxito un entendimiento entre ambos países con el caso de Glas.
La petición de extradición de Solís fue emitida por la Justicia ecuatoriana en el marco del caso de las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, donde el exministro, que ocupó la cartera de Transporte y Obras Públicas entre 2015 y 2016, es uno imputados por presunto peculado (malversación de fondos públicos). Glas también se encuentra entre ellos.
El Gobierno ecuatoriano recordó en un comunicado que Solís tiene además dos condenas vigentes por corrupción, una de ellas de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos, sobre la financiación irregular de la agrupación oficialista Alianza País, en la que también fueron condenados Correa, que además fue inhabilitado políticamente, y Glas, entre otros sentenciados.
Asimismo, Solís fue condenado a otros ocho años de cárcel por malversación de fondos públicos como parte del caso Senagua (Secretaría Nacional del Agua), oficina de la que el exministro también estuvo al frente durante la Administración de Correa.
Desde el correísmo siempre se han rechazado las acusaciones y condenas de corrupción en su contra al considerarlas parte de una persecución política y de ‘lawfare’ (utilización del sistema judicial contra adversarios políticos) para impedirles presuntamente volver a gobernar en Ecuador.
“Solís debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, rendir cuentas ante la Justicia, la ciudadanía ecuatoriana y la comunidad internacional, en consonancia con nuestro compromiso inquebrantable de combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado”, señaló el comunicado del Ministerio de Gobierno de Ecuador.
El Ejecutivo de Ecuador recordó que “los delitos por los cuales fue condenado y ahora procesado fueron cometidos con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado”.
“Por tanto, según el derecho internacional, la solicitud presentada por Solís en los Estados Unidos Mexicanos carece de fundamentos que se enmarquen en los preceptos establecidos por la normativa mexicana y demás instrumentos internacionales en materia de refugiados”, concluyó.
Con información de EFE.
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