Daniel Ortega, cuyo partido controla el aparato estatal, ha rechazado reanudar el diálogo con la oposición
Estados Unidos aumentó el martes su presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada, fuertemente rechazadas por Managua.
Las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto firmado el mismo martes por el presidente Donald Trump, que permite castigar a autoridades nicaragüenses por abusos de derechos humanos y actos de corrupción cometidos desde el inicio de las protestas opositoras en Nicaragua hace siete meses.
“El presidente Trump está comprometido a presionar al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para restaurar la democracia y el Estado de derecho en el país”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, reiterando el llamado a “elecciones libres, justas y anticipadas“.
Ortega, cuyo partido controla el aparato estatal, ha rechazado reanudar el diálogo con la oposición o adelantar los comicios del 2021 al 2019.
Desde Managua, el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, consideró que las medidas de Washington son “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua“.
“Reclamamos con dignidad (..) el derecho inalienable a nuestra soberanía e independencia”, dijo en un comunicado, tildando de “irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica“.
El decreto y las sanciones contra Murillo y Moncada se conocen después de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anunciara el 1 de noviembre “acciones directas” del presidente contra lo que denominó la “Troika de la tiranía“, integrada por Nicaragua, Cuba y Venezuela.
“Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal”, dijo el martes la Casa Blanca, subrayando que sigue firme en su determinación de contrarrestar “los regímenes corruptos y desestabilizadores” de esos tres países.
Avanza la “NICA Act”
Los legisladores estadounidenses también buscan endurecer las acciones contra Ortega.
La noche de este martes, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, conocida como “NICA Act”, que propone limitar el acceso de Managua a préstamos internacionales.
La norma fue adoptada con una enmienda y ahora deberá volver a la Cámara baja antes de convertirse en ley. Pero la congresista Ileana Ros Lehtinen, impulsora de la iniciativa, espera “una rápida aprobación”.
“Ninguna nación responsable debe ser cómplice en permitir que Ortega use dinero internacional para subsidiar sus tácticas represivas. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen mantiene control sobre el poder”, dijo en Twitter.
Las sanciones contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.
“Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Las protestas antigubernamentales, que dejaron 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades, se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento que pide la salida de Daniel Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con Murillo.
“Un primer paso”
Una alta funcionaria del gobierno de Trump declinó comentar sobre las propiedades o intereses de Murillo y Moncada en Estados Unidos, pero aseguró que la falta de acceso al sistema financiero estadounidense es un problema.
“No hay duda alguna de que esto va a tener un impacto significativo (…) Las instituciones financieras de todo el mundo prestan mucha atención a nuestras sanciones”, dijo a periodistas bajo anonimato.
Según el Tesoro, Murillo, vicepresidenta desde 2017, pero “co-presidente de facto” desde 2007, ha estado marcada por distintos actos de corrupción y tiene influencia sobre dos grupos muy involucrados con la violenta represión de las protestas: el movimiento juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Policía Nacional.
Moncada, en tanto, es señalado de actuar como agente de inteligencia gubernamental. Además, se lo acusa de pagar sobornos y chantajes para obtener apoyo para el gobierno y de contribuir a “encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor”.
“Este es un mensaje, y es un primer paso en torno al círculo de Ortega y para aquellos que han estado promoviendo la violencia contra los manifestantes”, dijo otro alto funcionario del gobierno de Trump, que pidió no ser identificado, al comentar las sanciones.
Washington ya había restringido visas a funcionarios nicaragüenses y a sus familiares, y sancionó a tres allegados a Daniel Ortega bajo la Ley Magnitsky, que castiga a personas por actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Con información de AFP
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