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Foto de EFE

Las autoridades regionales españolas aplican restricciones sociales y comerciales cada vez más severas para frenar la segunda ola de coronavirus, con casi 9 mil casos nuevos en 24 horas, y tratar así de evitar un confinamiento domiciliario de la población, que tendría graves consecuencias económicas.

Toda la población española ya tuvo que permanecer en las viviendas, salvo motivo justificado, varios meses la primavera pasada, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, cuando el gobierno declaró por primera vez el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio.

El pasado 25 de octubre, el Ejecutivo volvió a decretar el estado de alarma, esta vez con un toque de queda nocturno en todo el país (excepto las islas Canarias debido a sus buenos datos epidémicos), y la mayoría de las regiones aplican confinamientos territoriales perimetrales para impedir el tránsito desde o hacia otras comunidades autónomas, excepto por razones laborales, médicas, de estudios u otras debidamente acreditadas.

El Ministerio de Sanidad español notificó 25 mil 42 contagios más (8 mil 924 en un día), hasta llegar a un millón 284 mil 408 desde que comenzó la epidemia. El número oficial de defunciones se eleva a 38 mil 118, después de añadirse mil 623 fallecidos en un nuevo sistema de recuento.

La región de Cataluña, una de las mas afectadas de España, informó de 5 mil 24 infectados más en las últimas 24 horas y 66 muertos, aunque la propagación frena poco a poco.

La incidencia acumulada (casos por cada 100 mil habitantes) de los últimos 14 días se sitúa en 528.75 en España.

A fecha de 3 de noviembre, había 30 mil 325 enfermos de COVID-19 ingresados en los hospitales españoles, un 16.4 por ciento de la camas; y de ellos, 2 mil 786 estaban en las unidades de cuidados intensivos (29.11 por ciento de ocupación), según Sanidad.

Varias regiones españolas anunciaron ayer nuevas restricciones, similares a las de otros territorios, para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

Es el caso de Galicia (noroeste), donde a partir del próximo viernes, y durante un mes, se cerrarán las actividades no esenciales, incluida la hotelería, así como el cierre perimetral de las principales ciudades, que afectará al 60 por ciento de la población gallega.

Otras, como Asturias o Castilla y León, plantearon días atrás medidas más duras como el confinamiento domiciliario. Sin embargo, el gobierno y las regiones acordaron descartarlo por ahora y se dieron entre dos y tres semanas de margen para comprobar la eficacia de las restricciones que se aplican ya.

“De momento no contemplamos un confinamiento domiciliario“, dijo el ministro de Sanidad, Sanidad Illa, en una rueda de prensa.

Con información de EFE