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En el sur de EE.UU. tachan a la ‘Operación Lone Star’ de “teatro electoral”
Migrantes en cerca de alambre de navajas instalada por Texas. Foto de EFE/ Luis Torres

La ‘Operación Lone Star‘, impulsada por Texas para blindar la frontera con México, a través del traslado de fuerzas de seguridad, ha costado 10 mil millones de dólares, interrumpido la vida de los pueblos de la región y es para muchos prueba de que el despliegue es puramente teatro electoral.

“Cuando llegó Donald Trump nadie podía acercarse. Casi nadie lo vio. Fue puro circo”, explica Ricardo Calderón, abogado de Eagle Pass, una comunidad de casi 30 mil habitantes fronteriza con Piedras Negras (Cohauila), que hace un mes recibió al expresidente republicano. Trump se paseó junto con el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, hace menos de un mes por el parque Shelby, la zona pública más importante del pueblo.

El exmandatario, quien busca su reelección en las presidenciales de este noviembre, aseguró entonces que lo que estaba ocurriendo en esa zona era “una guerra” y que los migrantes eran “guerreros con edad para luchar”, “cometer crímenes” y provocar una “invasión” del territorio estadounidense.

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Imagen aérea que muestra a migrantes en las inmediaciones del río Bravo, junto al alambrado que divide a México con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Foto de EFE/ Luis Torres

“Algunos jóvenes han comenzado ahora a apoyar a Trump, pero solo unos pocos. Puedes ver alguna bandera de Trump“, explica una vecina de Eagle Pass que se prepara para este Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa en esta comunidad religiosa, hispanohablante y orgullosamente latina en un 95%.

“Los migrantes están de paso, no crean problemas”, asegura la mujer, mientras otra amiga asiente.

“En este condado nunca ha ganado un representante republicano y nos vamos a asegurar que nunca va a ser así”, explica a EFE, Juanita Martínez, presidenta del Partido Demócrata en el Condado de Maverick.

Martínez reconoce que antes no había ni siquiera candidatos republicanos, pero desde las elecciones pasadas se ven con posibilidades y se presentan a puestos de importancia para el condado.

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La ley, una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. Foto de EFE

El paso de miles de migrantes por este pequeño pueblo fronterizo el año pasado (10 mil algunos días) convirtió a esta comunidad en el “epicentro” de la crisis migratoria y en el peón la batalla entre los republicanos y la administración de presidente Joe Biden.

Primero fueron las vallas, luego la concertina y las boyas, pero lo peor vino cuando durante diciembre cortaron temporalmente el paso a través del puente que los conecta con Coahuila y en enero convirtieron su parque en una improvisada base militar.

El alcalde Rolando Salinas criticó la toma del parque -“no era lo que pedimos”, protestó- y varios empresarios con tierras contiguas al río expresaron su arrepentimiento por permitir a la Guardia Nacional desplegar polémicas tácticas disuasorias como la concertina o las boyas.

“El cierre del puente en diciembre puso a todos nerviosos. Eso lo cambió todo. En Coahuila comenzaron a frenar los cruces de cientos de migrantes”, explica Julio Vásquez, pastor de una humilde parroquia luterana de Eagle Pass.

Muchos coinciden que esa medida y los intentos de Departamento de Seguridad Nacional para que los migrantes ingresen a EE.UU. para pedir asilo o protección a través de puertos de entrada y no cruzando el río han sido claves para poner fin al aumento en la llegada de migrantes, que ahora se evidencia de una manera discreta pero constante.

Para completar la “Operación Lone Star“, que mantiene una fuerte presencia del Policía de Texas en las 50 millas desde la frontera sur, el Congreso de Texas ha aprobado la ley SB4 que contempla penas de cárcel para migrantes indocumentados reincidentes y expulsiones en caliente a México.

Una corte federal de apelaciones mantiene suspendida la ley por posible inconstitucionalidad, pero el tribunal está dividido y podría en permitir la ejecución de la polémica norma estatal hasta que el Tribunal Supremo dirima esa cuestión.

“La SB4 es una ley racista ¿Me van a pedir a mí, una hispana orgullosa y americana por tres generaciones, los papeles por tener los ojos y el pelo negro y no a un gringo? ¡No chinges!”, exclama Martínez.

“SB4 va a ser el caos para esta comunidad”, asegura Martínez, que como otros vecinos teme lo que podría pasar para estos pueblos con raíces a ambos lados de un río Grande que cruzan a diario si Trump llega al poder en noviembre.

Con información de EFE