El gobierno federal de Brasil emitió el viernes un decreto para poner al Ejército a cargo de la policía local de Río de Janeiro, en medio de una crisis de violencia.

La medida es significativa, tanto en términos simbólicos como prácticos, para la nación más grande de América Latina, donde muchos aún recuerdan la brutal dictadura militar de 1964-1985. Poner al mando a los militares podría reducir la violencia a corto plazo pero podría también degenerar en el uso excesivo de la fuerza.

El decreto, ya en vigencia y por ser confirmado por el Congreso la semana próxima, fue firmado por el presidente Michel Temer. Dijo que era una “medida extrema para devolver el orden a la situación nacional”.

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“La delincuencia organizada casi se apoderó del estado de Río de Janeiro. Esta es una metástasis que se está extendiendo en nuestro país y amenaza a nuestro pueblo. Por eso decidimos la intervención”, dijo Temer en el palacio presidencial de Brasilia. “Nuestra administración dará una respuesta firme y contundente”.

Aunque Río de Janeiro ya ha utilizado personal militar para ayudar a la policía, la intervención marca un paso mayor, con el mando de todas las operaciones de seguridad quedando en manos militares. Si los soldados cometen crímenes durante las operaciones policiales, sus juicios no serán llevados a cabo por tribunales civiles.

El ministro de Defensa Raúl Jungmann aseguró que con la intervención militar “no hay riesgo para la democracia”.

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El cambio ocurre en momentos en que la popularidad del presidente brasileño ha caído a una tasa porcentual de un solo dígito y mientras su impulso para aprobar la reforma del sistema de pensiones parece estar fracasando. Muchos analistas y legisladores vieron la decisión como una forma de desviar la atención de sus problemas políticos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo a los periodistas en Brasilia que la votación para la reforma de pensiones en el Congreso se retrasaría por lo menos una semana. Temer dijo más tarde que si tiene votos suficientes para aprobar la reforma suspenderá la intervención en Río, mandará el tema de la reforma previsional a través de las dos cámaras del Congreso y luego intentará reinstaurar la intervención.

La intervención es un “salto triple sin red de seguridad”, dijo Maia. “No podemos equivocarnos. Esta es una medida excepcional que esperemos no tarde mucho en restablecer el orden”.

 

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Sin embargo, no se puede negar que el estado de Río está en problemas. El gobernador del estado, Luiz Fernando Pezao, admitió el miércoles que los planes no lograron dar seguridad a los residentes y turistas durante las celebraciones del Carnaval y que la policía de Río ya no puede detener la guerra entre los narcotraficantes de la ciudad.

El consultor de seguridad Paulo Storani, ex comandante de un cuerpo de policía de élite de Río de Janeiro conocido como BOPE, dijo que la decisión del presidente “traerá muchos desafíos a los militares, porque no resolverá un problema de seguridad de décadas”.

“El problema de Río es más complejo que la gestión policial. Podría haber una rápida sensación de seguridad, pero eso no durará“, agregó Storani a The Associated Press.

El ex secretario de Seguridad Nacional José Vicente da Silva expresó que la intervención militar “no es definitiva, pero ayuda”.