Luego de más de cuatro horas y media de votaciones, 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados votaron a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, por lo que la medida pasa al Senado para un posible juicio. Si los senadores votan a favor de sostener un juicio, Rousseff sería suspendida y … Continued
Luego de más de cuatro horas y media de votaciones, 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados votaron a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, por lo que la medida pasa al Senado para un posible juicio. Si los senadores votan a favor de sostener un juicio, Rousseff sería suspendida y el puesto pasaría a manos del vicepresidente Michel Temer.
Un aliado cercano de la presidenta lamentó que muchos de los colegas de Rousseff la “traicionaron”.
Luego de más de 40 horas de debate que inició el viernes, los legisladores de la cámara baja del Congreso comenzaron a votar uno a uno la tarde del domingo, la culminación de meses de jaloneos políticos que exhibieron la profunda división política en la nación más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.
El presidente de la cámara, Eduardo Cunha, quien encabeza el movimiento de juicio político, llamó uno a uno a los otros 512 diputados, dándoles tiempo para hablar antes de votar. Luego de cada voto se escucharon aplausos y abucheos, mientras los legisladores veían la pizarra con el conteo de sufragios.
Luiz Carlos Hauly, diputado del Partido de la Social Democracia Brasileña, el principal opositor, dijo que Rousseff tenía que irse.
“En Europa cambian de gobierno cuando no cuenta con la mayoría”, afirmó. “El gobierno no la tiene. No tiene los medios para gobernar”.
Simone Morgado, miembro del partido Movimiento Demócrata Brasileño, dijo que quienes proponen el juicio político intentan derrocar a una presidenta electa democráticamente.
“Dado que Dilma no cometió ningún delito, como muchos en esta cámara, que no tiene vergüenza, voto que ‘¡no!”’, dijo.
La sesión extraordinaria es la conclusión de meses de pugnas, que prácticamente han paralizado al gobierno y dividido al país, en que los dos bandos intercambiaban acusaciones de “golpistas” y “ladrones”.
En discursos de los líderes de los 25 partidos en la Cámara de Diputados, los legisladores se mostraron a favor del juicio político, como un necesario nuevo inicio para Brasil, y hubo quienes también lo criticaron, diciendo que era una usurpación ilegal del poder.
“Brasil está sumergido en graves crisis políticas, éticas y sociales”, dijo Fernando Coelho Filho, representante del estado nororiental de Pernambuco. “Le tengo mucho respeto a la presidencia, pero ha perdido autoridad y credibilidad para encabezar siquiera un mínimo esfuerzo para sacar al país de esta situación”.
Daniel Almeida, representante del estado de Bahía, estuvo de acuerdo en que el país está sumido en varias crisis, pero insistió en que el juicio político no es la solución.
“¿A través de un gobierno ilegítimo, sin votos? ¿Esa es la salida?”, le preguntó a los demás legisladores”.
La presidenta de Brasil afronta el juicio político por las acusaciones de que incumplió las normas fiscales. Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.
Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares. Las acusaciones, afirma, forman parte de un “golpe” liderado por la elite tradicional de Brasil para arrebatar el poder al izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha gobernado el país durante los últimos 13 años.
Muchas de las personas que buscan la salida de Rousseff también enfrentan acusaciones de irregularidades. Cerca del 60% de los 594 miembros del Congreso enfrentan acusaciones de corrupción y otros cargos.
El segundo en la línea de sucesión de Rousseff es Cunha, la fuerza impulsora del juicio político y viejo enemigo de la presidenta. Él afronta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos por supuestamente aceptar unos cinco millones de dólares en sobornos en relación con el escándalo de Petrobras, y también podría verse despojado de su mandato por las acusaciones de que mintió a un comité del Congreso cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. Más tarde aparecieron documentos que los vinculaban a él y a su familia con cuentas en Suiza.
Bajo el estatus legal especial que con el que cuentan los legisladores y otros altos políticos brasileños, deben ser acusados por la Corte Suprema, lo que los protege de cualquier otro proceso legal.
Redacción
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