Legisladores y activistas del estado de California destacaron este martes la aprobación de un paquete de nuevas leyes que favorecen a migrantes
Legisladores y activistas del estado de California (EE.UU.) destacaron este martes la aprobación de un paquete de nuevas leyes que favorecen tanto a los conocidos como “soñadores” que actualmente estudian en el estado, como a otros migrantes víctimas de violencia doméstica o de trata de personas.
En una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, la asambleísta demócrata Monique Limón destacó la importancia de la ley AB539, de su autoría, que estableció un tope del 36 por ciento de interés anual para los préstamos estudiantiles frecuentemente utilizados para “abusar de los migrantes que no tienen otros recursos”.
Se trata, dijo, de préstamos con un monto de entre 2 mil 500 y 10 mil dólares.
“Los préstamos entre estas cantidades de dinero son los más comunes entre nuestra comunidad latina migrante, pero las tasas que se daban de 100 a 200 por ciento de intereses hacían que casi el 40 por ciento de las personas que los tomaban no pudieron pagarlos“, sostuvo Limón.
De esa manera, se necesitaban más de 20 años para salir de las deudas, explicó la legisladora hispana del condado Santa Bárbara.
Saida Barajas, una joven madre y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), expuso que la medida representa “una importante oportunidad de recibir nuevas becas para poder terminar mis estudios“.
Por otra parte, la asambleísta demócrata Eloise Gómez Reyes, del condado San Bernardino, resaltó la importancia de la nueva ley AB917, que aumenta la protección a los migrantes indocumentados víctimas de violencia doméstica o trata de personas.
“Con esta legislación, las víctimas de tráfico humano o violencia doméstica pueden obtener en un tiempo más corto el reporte de la policía sobre el delito cometido en su contra”, explicó Gómez.
De acuerdo con la asambleísta hispana, este reporte es clave para obtener una visa de residencia legal en el país.
Según señaló Sandy Benítez, abogada de CHIRLA, la AB917 reduce de 90 a 30 días el plazo que las autoridades tienen para presentar el informe a las agencias de migración.
“Y si la persona está en proceso de deportación, este plazo -que antes era de 14 días- se redujo a siete días, con lo que se hace más efectivo”, agregó Benítez.
La asambleísta Gómez Reyes además resaltó la importancia de la nueva legislación AB1666, que ordena que las escuelas públicas trabajen con el censo de población “para asegurar que todos sepan y sean contados”.
“En nuestras comunidades migrantes todos cuentan para que el dinero (correspondiente al conteo del censo) vaya a esas comunidades”, resaltó la demócrata en la conferencia prensa.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, destacó por su parte el apoyo del gobernador Gavin Newsom al firmar estas medidas.
“Es un buen día para nuestra comunidad. Tenemos un gobernador que no solamente nos apoya, sino que también está tomando acción”, dijo la activista.
Con información de EFE
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