El futuro judicial de Fernández quedará en manos de la Corte Suprema, cuya resolución sobre el caso podría demorar meses o incluso años
La expresidenta argentina Cristina Fernández presentó este jueves un recurso ante la Justicia para que se revoque su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en obras viales, mientras que la Fiscalía solicitó elevar la pena a 12 años al insistir en la acusación por asociación ilícita.
El recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria ante la Cámara Federal de Casación Penal busca anular los fallos dictados en noviembre de 2024 (primera instancia) y en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (segunda instancia).
Esas sentencias encontraron culpable a la expresidenta de irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez.
El fiscal Mario Villar, por su parte, también presentó este jueves una apelación con el objetivo de que Fernández sea condenada por asociación ilícita, lo que, de ser aceptado, duplicaría la pena de seis a doce años de prisión y mantendría la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con el pedido inicial de la Fiscalía en el juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá resolver primero si concede los recursos extraordinarios y permite que la Corte Suprema intervenga en el caso o si rechaza estos planteamientos, en cuyo caso las partes podrán recurrir mediante un recurso de queja ante el máximo tribunal.
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La sentencia original contra la exmandataria, dictada en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal en su contra y generó un fuerte impacto político, aunque la dirigente peronista no ha estado detenida debido a que el fallo no es firme.
En la causa conocida como ‘Vialidad’, la justicia determinó que hubo una administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de contratos viales a empresas de Báez, quien también fue condenado a seis años de prisión junto con otros exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
El fallo de Casación de noviembre pasado ratificó la condena a Fernández, pero rechazó la acusación de la Fiscalía por asociación ilícita, ya que solo uno de los tres jueces del tribunal de alzada votó a favor de esa calificación penal.
El caso sigue siendo un eje de debate político en Argentina y coincide con la reciente sanción en la Cámara de Diputados de la ‘Ley de Ficha Limpia’, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas firmes puedan ser candidatas en elecciones, lo que podría afectar una eventual candidatura de Fernández en los comicios legislativos previstos para finales de este año.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de cambios en la Corte Suprema de Justicia, que actualmente cuenta con tres integrantes tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda y podría ampliar su composición si el Senado aprueba las designaciones de los jueces propuestos por el Gobierno.
El futuro judicial de Fernández quedará en manos de la Corte Suprema, cuya resolución sobre el caso podría demorar meses o incluso años.
Con información de EFE.
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