Carmen Joaquín Hernández, presidenta del CCE de Cozumel apuntó que este cobro a cruceros internacionales fue un “albazo” de diputados
Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, en Quintana Roo, pidió a los senadores reconsiderar la reforma a la Ley de Derechos 2025, tras ser eliminada en la Cámara de Diputados la exención del pago de derechos migratorios para los pasajeros de cruceros internacionales.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Hernández calificó esta aprobación en San Lázaro como un “albazo” que afectaría la economía de dicho puerto turístico, a donde llegan unos cinco millones de cruceristas al año.
“Históricamente se entendería que los pasajeros de crucero llegaban a nuestras costas haciendo una especie de escala, no pasan ni ocho horas en nuestros costas y quienes hacen escala no tiene que pagar el derecho de no residente que es lo que se cobra a los turísticas que se internan en el país por carretera, aire y mar”, argumentó.
Hubo un albazo hace unos días (…) Nosotros vivimos de los pasajeros de cruceros, las familias viven de eso, en el momento en que se quiera implementar esta política sin consultar, sin entender el impacto económico, estamos realmente preocupados, es un sinsentido. Creemos que es importante que nuestros senadores, porque ya se aprobó en diputados, tengan esta sensibilidad de poder hablar y encontrar una solución”, aseguró”, enfatizó.
“¿Cuál es el problema? Que competimos con otras islas del Caribe que también quieren llevarse esos cruceros, y a ellos también les están ofreciendo mejores condiciones para que esos cruceros se vayan para allá, ahorita se están frotando las manos”, enfatizó.
La medida entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025, en donde cobraría a cada crucerista internacional un monto de 800 pesos se baja o no se baje del barco,, lo que dejaría una ganancia al fisco de poco más de 4 mil millones de pesos al año.
Esto pone fin al acuerdo en donde se eximía a los cruceros pagar por la expedición de documentos migratorios, siempre y cuando su estancia en territorio mexicano fuera corta.
La presidenta del organismo empresarial de Cozumel propuso que si no se puede dar marcha atrás dicho cobro, que al menos se retarde su implementación un año más, hasta el 1 de enero de 2026, y que sea proporcional de acuerdo al número de horas en que los cruceristas estén en el país.
“Lo que proponemos es que si no hay manera de echar atrás este cobro, por lo menos que sea proporcional este cobro el tiempo en que estos turistas pasan en nuestro país. y que se asigne un porcentaje de ese cobro un porcentaje que vaya directamente destinado a los municipios que estamos generando este recurso”, agregó.
Lo menos que se está pidiendo es que la implementación del cobro se lleva hasta el 2026, pero que sea un cobro proporcional, no podemos cobrarle lo mismo a un turista que viene se interna en el país y tiene una derrama mucho mayor, a un turista que solo hace una escala, son horas”, destacó.
Con información de López-Dóriga Digital
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