La Comisión Federal de Competencia Económica detalló que en el último año, el 10 por ciento de las estaciones de servicio en México ha cambiado de razón social
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por denuncia para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
En un comunicado, señaló que “a partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel han buscado esquemas para lograr economías de escala por lo que, en fechas recientes, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o ‘alianzas comerciales'”.
Detalló que en el último año, el 10 por ciento de las estaciones de servicio en México ha cambiado de razón social.
La Cofece indicó que estas operaciones pueden llegar a constituir una conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos; desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y/o facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
Recordó que desde 2016, “recomendó a los agentes económicos de este sector que notifiquen de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles”.
Explicó que puede abrir una investigación por una posible concentración ilícita en los siguientes casos:
- Teniendo la obligación de ser notificada, no se presente la respectiva solicitud a la Comisión.
- Siendo notificada y autorizada, se haya presentado información falsa, o bien, se incumplan con las condiciones establecidas en la resolución.
- Aun sin tener que notificarse, no haya pasado un año desde su realización. En cualquiera de los tres supuestos anteriores, la Comisión debe contar con indicios de que la operación de que se trate pudiera ser dañina para el proceso de competencia económica.
La investigación, que inició el 6 de septiembre de 2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado violaciones en definitiva a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los probables responsables.
La Cofece dijo que “los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), entre otras sanciones”.
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