La Federación Venezolana de Fútbol indicó que los clubes podrían usar a guardias de seguridad privados si no hay policías suficientes
En medio de la grave tensión política y de las protestas antigubernamentales que se registran casi a diario en el país, los jerarcas del fútbol venezolano dejaron en manos de los responsables de cada encuentro en los distintos torneos del país la decisión de demorarlo o suspenderlo si la seguridad no está plenamente garantizada.
La Federación Venezolana de Fútbol (FVT) autorizó a los árbitros y delegados de cada partido de primera, segunda y tercera división, entre otras, a que oportunamente “tomen la decisión de jugar, aplazar o suspender” los cotejos.
En un comunicado divulgado el viernes, la Federación destacó que en los casos en que la presencia policial en las inmediaciones de los estadios sea insuficiente o en que previamente se tenga conocimiento que los agentes no estarán disponibles, podrán ser reemplazados con guardias de seguridad privada y realizar el partido siempre y cuando no “sea declarado de alto riesgo”.
La medida se adoptó en momentos que manifestaciones multitudinarias ocurren casi a diario en Caracas y otras ciudades del interior del país contra el gobierno y el Tribunal Supremo. El escrito agregó, sin mencionar claramente los motivos, que la medida estará vigente hasta que sea “revocada” por la Federación.
Voceros de la FVT no estuvieron disponibles de inmediato para comentarios.
Las protestas han dejado 21 muertos, centenares de heridos y detenidos, de acuerdo con cifras oficiales. Las autoridades a diario despliegan a cientos de policías y agentes de las fuerzas de seguridad para contener a los manifestantes que toman las calles a cualquier hora del día.
Las protestas comenzaron el 30 de marzo luego de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados.
Posteriormente, el máximo tribunal revirtió las sentencias, pero los cuestionamientos internacionales y las protestas se ha mantenido.
La oposición reclama la realización de comicios generales, incluidos los de gobernadores y alcaldes que se quedaron en el limbo por decisión de las autoridades electorales, vistas como favorables al gobierno; así como la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas, y el respeto al Congreso.
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