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Un gobierno de izquierda no lo pensaría dos veces antes de cobrar los combustibles a 100% del precio del mercado y con todos los impuestos posibles.

Un gobierno populista reduciría los precios de las gasolinas por debajo de sus costos, usando recursos públicos para su subsidio, y así tener a los votantes de las clases medias y altas contentos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete combustibles baratos, pero realmente se despacha con la cuchara grande en materia fiscal con las gasolinas. Y la verdad, ¡qué bueno!

Lo que son las cosas, los gobiernos más populistas con el manejo de los precios de las gasolinas fueron los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Eran tiempos en que la producción de hidrocarburos nacional no se había derrumbado como hoy y en que los altos precios del petróleo permitían enormes excedentes.

El “premio” para una parte de la sociedad era gozar de combustibles subsidiados, recursos que salían de las arcas públicas para que aquellos que tuvieran un automóvil pagaran poco por las gasolinas, en comparación con los precios reales en los mercados internacionales.

El problema es que en esas épocas de bonanza petrolera se desperdiciaban más de 200,000 millones de pesos en subsidios al año para sectores socioeconómicos que ciertamente no los necesitaban, en detrimento de programas sociales para los más necesitados.

El que corrigió esa aberración fue Enrique Peña Nieto, quien pagó una enorme factura política con el escándalo del gasolinazo. Y como nadie sabe para quién trabaja, el que goza de las mieles de la liberación de precios y el pago de impuestos a 100% es el gobierno de López Obrador.

La gasolina llega al consumidor con una cadena de costos que incluye la producción local o la importación, el almacenamiento, el traslado, hoy encarecido por el sistema de pipas, el margen de ganancia de la venta al menudeo y los impuestos.

El resultado de esta cadena de componentes del precio final son los actuales 20.60 pesos por litro de gasolina Magna, un nivel en sentido contrario de las promesas del presidente.

Sin embargo, no hay manera de reclamarle al gobierno de López Obrador que mantenga esa política de precios e impuestos a las gasolinas, porque se han convertido en una tabla de salvación para las finanzas públicas.

De entrada, un gobierno que se dice progresista debería aplicar este tipo de políticas fiscales con impuestos generales que causen mayor gravamen a los que más consumen. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) debería ser igual, sin excepciones.

La recaudación de impuestos como el IVA o el Impuesto Sobre la Renta fue preocupantemente baja durante enero pasado. Pero el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a gasolinas resultó históricamente alto, con un incremento de 126% en términos reales respecto a enero del 2018.

Esto es oxígeno puro para un gobierno que ha tenido dificultades financieras en su arranque y que tiene tantas necesidades de recursos para sus programas de gasto.

Porque tan pronto como aprendan a gastar, van a necesitar mucho dinero y el IEPS de las gasolinas aporta buenas cantidades.

Hoy las gasolinas pueden ser caras y aportar tantos recursos a las finanzas públicas y sin reclamo social porque el margen de popularidad del presidente López Obrador da para ello.