Ojalá los árboles pudieran presionar y defenderse como lo hicieron los rectores de las universidades públicas.
La disminución de 37% en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente para el 2019 no es un error de dedo, sino una señal de alerta: el cuidado a la naturaleza y la protección del medio ambiente no son prioridades para el gobierno de AMLO.
Van tres ejemplos. Uno. El Tren Maya es uno de los proyectos insignias del nuevo gobierno. Un vehículo para “detonar” el desarrollo del sur-sureste. La ruta prevista incluye el paso por la Reserva de la Biósfera de Calakmul y por la Laguna de Bacalar, también conocida como la laguna de los siete colores. No hay forma de exagerar la riqueza de Calakmul. Se trata de la segunda selva tropical más grande de América, sólo por detrás de la del Amazonas. De acuerdo con Víctor Lichtinger y Homero Aridjis, es uno de los tres espacios más relevantes en el mundo, en materia de biodiversidad. Para el Tren Maya, el proyecto de impacto ambiental estará listo hasta el 2019, pero se calcula que cada kilómetro de construcción de esta obra destruirá 500 árboles. El daño ecológico se justifica por la urgencia de llevar el “progreso” a algunas de las zonas más pobres del país. A la carta de protesta firmada por cientos de científicos, ecologistas y líderes sociales, AMLO contesta con una acusación de elitismo y de falta de contacto con la gente.
Dos. La CFE revivirá plantas que utilizan combustóleo e impulsará la construcción de una planta de electricidad que funcionará con carbón como insumo principal. La decisión se justifica con argumentos de costos: 1 megawatt generado con carbón vale 600 dólares. 1 megawatt producido con insumos limpios vale 1,000 dólares. Entre líneas el argumento es: “México no puede darse el lujo de ser tan ecológico… China no lo es”. La apuesta por el carbón se complementa con el regreso del combustóleo: este combustible líquido tiene cantidades importantes de azufre, nitrógeno y cenizas. Es supercontaminante y, quizá, cancerígeno, pero se produce en casa. Utilizarlo hace daño, pero no importa: su uso servirá para reducir las importaciones de gas desde Estados Unidos.
Tres. La Secretaría de Energía está presionando a la Comisión Reguladora de Energía para que postergue por un año la entrada en vigor de la norma que obligaría a partir del 1 de enero del 2019 a usar en territorio mexicano un diesel con menor contenido de azufre. La Sener está consciente de los daños que el diesel que ahora usan los vehículos genera a la salud y el medio ambiente, pero exige que se haga una pausa en la implementación de una norma cuyos plazos fueron anunciados hace más de tres años. El argumento de la Sener parece extraído de un discurso de Donald Trump o de un capítulo de Los Simpson. La Secretaría de Energía establece en su exigencia ante la CRE que el bien superior a tutelar es la salud financiera de Pemex y el equilibrio de la balanza comercial nacional.
En el presupuesto del 2019 también se pretende recortar drásticamente los recursos para mejorar la calidad del aire. No hay error de dedo que corregir porque el problema es otro: el proyecto de AMLO carece de un lugar relevante para la acción en favor del medio ambiente. Ojalá los árboles se pudieran juntar con la Madre Tierra para presionar y defenderse como lo hicieron los rectores de las universidades públicas, pero los árboles no pueden votar.
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