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La fecha fatal ha sido definida: 17 de junio. Con menos de seis días, las diferencias siguen siendo significativas. Estados Unidos quiere que 40% de un automóvil sea hecho por trabajadores que ganen más de 16 dólares por hora. El equipo negociador de México propone que ese porcentaje sea de 20 por ciento. Las diferencias también tienen que ver con plazos: Estados Unidos ha puesto en la mesa un periodo de cuatro años para la implementación total de los cambios en las reglas de origen. México quiere 10 años.

El líder de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha puesto una fecha que reduce los márgenes para blofear. Con los seis días disponibles, el escenario “ideal” será que esta semana se resuelva el capítulo automotriz y dejar cuatro días de la próxima semana para finiquitar los otros temas.

En esto, también hay discrepancias significativas. El equipo estadounidense, que encabeza Robert Lighthizer, está planteando la posibilidad de alcanzar un acuerdo en reglas de origen en el sector automotriz y dejar “en suspenso” los otros temas. La delegación mexicana rechaza esto porque colocaría la negociación en un punto donde México haría concesiones en el sector automotriz, pero no tendría oportunidad de “reponerse” en otros capítulos, si éstos no se negocian tomando en cuenta lo que cada país va a poner/obtener en automotriz.

La lista de los otros temas no resueltos es intimidante. En casi todo hay un patrón observable: Estados Unidos exige más de lo que tiene ahora y México resiste, tratando de conceder lo menos posible; buscando preservar lo que ahora está vigente. En las franquicias para ventas y envíos de mercancía, Estados Unidos quiere 800 dólares libres de impuestos por envío. México y Canadá colocan una cifra menor a los 100 dólares. De cómo quede esto dependerá el futuro del comercio digital en México.

El capítulo de propiedad intelectual importa mucho a farmacéuticas, estudios de cine y a la industria digital. México esperaba que se ratificara lo que se acordó en el TPP, pero eso no parece suficiente al equipo de Lighthizer. Exigen más derechos, más años para protegerlos y tiempos más breves de respuesta, en caso de disputa.

Lo relativo a compras de gobierno está atorado, entre otras cosas por la insistencia de Estados Unidos en aplicar su política nacional de America First. México y Canadá otorgan derechos de competencia en condiciones de igualdad a compañías de la región NAFTA y, a cambio, esperan que Estados Unidos haga lo mismo. Aceptar que haya un cambio en este asunto es grave, aunque México no sea un jugador importante en la proveeduría del gobierno de Estados Unidos. Sería aceptar unas reglas del juego donde los dados estarían cargados a favor de las compañías estadounidenses. Serían protegidas en su país y tratadas como nacionales en México y Canadá.

¿Habrá acuerdo? La moneda está en el aire. Lo único que se puede anticipar es que entraremos en una etapa más proteccionista. Se aleja el objetivo de modernizar el Tratado de Libre Comercio para ponerlo al día, manteniendo su compromiso con la promoción del libre flujo de bienes y servicios.

Con acuerdo y sin acuerdo, las cosas lucen oscuras, pero una pequeña luz de esperanza se asoma: el Congreso de EU podría enmendarle la plana a Trump. El Capitolio tiene el poder para salvar el TLC o evitar que el equipo de Trump lo arruine. No los pierdan de vista.

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