El Paquete Económico para el 2018 que el gobierno federal planteó al Congreso llegó a San Lázaro en medio de dos nubes de polvo. La primera, provocada por el Partido Acción Nacional y su amenaza en ese momento de no permitir la instalación de la mesa directiva. Y la segunda, el recuento de los daños … Continued
El Paquete Económico para el 2018 que el gobierno federal planteó al Congreso llegó a San Lázaro en medio de dos nubes de polvo. La primera, provocada por el Partido Acción Nacional y su amenaza en ese momento de no permitir la instalación de la mesa directiva.
Y la segunda, el recuento de los daños del sismo del 7 de septiembre, que se produjo unas horas antes de la entrega del documento, tal como está previsto en la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
Mucho ruido para dedicarle atención al documento que ahora analizan los diputados para ser enviado a los senadores y dar paso a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018.
Lo cierto es que no tenía muchos elementos de sorpresa que captaran la atención. No más impuestos, no más endeudamiento, un paquete económico tendiente al equilibrio presupuestal. En fin, muy en línea con la política asumida por la actual administración de la Secretaría de Hacienda. Pero hay un detalle que merecía más atención por las implicaciones financieras y políticas que tiene.
Resulta que el mundo ideal que se planteó durante el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en aquellos días del diseño, discusión y aprobación de las reformas estructurales, se planteó que como parte de la amplia reforma energética se liberarían los precios de las gasolinas a la par que se abría la competencia.
Se diseñó una ruta crítica para lograr la liberación de precios durante este 2017. Para ello resultaba prudente iniciar el proceso de liberación desde un par de años antes. Sin embargo, entre la Secretaría de Hacienda de Videgaray y el Congreso desperdiciaron un año clave, el 2016, para que los precios fluctuaran en una banda más parecida al mercado libre. Tomaron la determinación electorera de topar a 3% ese movimiento.
Obviamente, la bomba explotó en el 2017 cuando la obligación de iniciar la liberación se combinó con un momento en los precios internacionales en que las gasolinas estaban caras. El resultado fue el gasolinazo de enero que tanta mala fama le trajo al gobierno federal.
Tras el impacto político tan fuerte, el gobierno de Peña Nieto encontró una torcedura legal para regresar el subsidio y recomponer el daño provocado sin violar la disposición de apertura. Se creó la llamada suavización.
No era otra cosa que convertir al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el amortiguador, en el nuevo subsidio a los combustibles para regresar a la banda de flotación de no más de 3 por ciento.
La liberación del mercado se vio interrumpida, la competencia no ha crecido y para el 2018 se plantea frenar el mercado libre con la conservación del subsidio fiscal de la suavización.
Para el último día de este año los precios deberían ser libres sujetos a las fuerzas del mercado, como las tortillas o la leche, pero la presión política hizo que se presupuestara una pérdida de ingresos vía la suavización del IEPS.
La realidad es que, a la luz de lo ocurrido desde ese 8 de septiembre a la fecha, no meterse con los precios de los combustibles parece más que una suavización del enojo de ciertos sectores sociales con el partido en el gobierno, un asunto de seguridad y estabilidad nacional.
Ya los que vengan que se encarguen de destrabar el entuerto de los precios de las gasolinas.
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