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Las elecciones del domingo han hecho evidente, otra vez, la distancia que hay entre el proceso real de manipulación de la competencia democrática y los instrumentos disponibles para regularla.

Hemos visto groseras actuaciones de gobiernos y partidos violando por igual el espíritu y la letra de nuestras leyes, sin que haya funcionado ninguno de los instrumentos que hay para impedirlo.

Lo notable del hecho es que se da en universos paralelos. Uno es admirable: el de la organización electoral y el conteo de los votos el día de la elección. Otro, impresentable: el de la manipulación de las campañas camino a ese día. El punto de llegada es transparente. El camino hacia él es un pantano.

En el punto de llegada hay la organización de miles y miles de ciudadanos voluntarios, responsables de administrar las casillas electorales, instalarlas, recibir a los votantes, comprobar su identidad, cuidar la secrecía de su voto, contar los votos uno a uno, consignarlos en una sábana que se exhibe al público en el recinto comicial y enviar los resultados al centro de cómputo previsto, donde se echa a andar un sistema de resultados preliminares que termina la cuenta real de todos los votos en 24 horas.

En el camino a ese lugar de procedimientos impecables, sin embargo, sucede todo lo que la mala fe y el espíritu contrademocrático puede imaginar: compra y coacción de votos, uso de programas sociales y de inversiones gubernamentales como soborno o amenaza de votantes, campañas sucias, violación de las reglas electorales y ríos de dinero ilegal.

Cualquier instancia de fiscalización con los dientes necesarios para castigar lo que sucede en el camino a las urnas mexicanas anularía las elecciones antes de que tuvieran lugar. No hay esa instancia con dientes adecuados.

Más abusa quien más tiene: los gobiernos. Pero las normas de comportamiento de gobiernos y partidos en campaña han vuelto a ser, como en los tiempos del PRI, la ilegalidad, la simulación, la coacción, el dinero bajo la mesa y todas las trampas posibles necesarias para ganar a la legalita o a la legalona, como se decía entonces.

Tengo la impresión de que en esto de limpiar y transparentar las campañas electorales, México tiene que volver a empezar.