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Ayer expuse aquí la probabilidad de que el gobierno mexicano, a través de la cancillería, estaría entrometiéndose en asuntos internos de Israel con su petición de que la administración del tuitero Netanyahu revierta la decisión del Parlamento de ese país que pretende legalizar asentamientos de su población construidos sin autorización oficial en terrenos de propiedad privada palestina en Cisjordania.

Intrigado por el comunicado de la SRE, ayer averigüé que la política en materia de asentamientos tiene su origen y es implementada por el gobierno israelí.  Y es el de Netanyahu el que sometió al Parlamento ese proyecto de legislación.

Con razón la comunidad internacional, México desde luego, ha expresado su rechazo.

Es pues del Ejecutivo israelí la responsabilidad legal y ética de revertir esa política, violatoria del derecho internacional.

Por algo a la mexicana se suman las condenas de Alemania, Francia, Irlanda, Japón, Reino Unido, República Checa, Suecia, la Unión Europea y las Naciones Unidas…

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