La parranda local

Entre el año 2000 y el año 2014, los estados y municipios recibieron transferencias por unos 355 mil millones de dólares de recursos federales, casi tres veces el monto, en dólares de hoy, del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa (el Plan Marshall tuvo en su tiempo un valor de 17 mil millones de dólares, unos 160 mil millones de ahora).

Con esos recursos federales, cuyo gasto aprueba no la Federación sino los congresos locales, hemos visto repetirse varias veces en los estados la catastrófica historia del presidente José López Portillo (1976-1982).

Los estados no solo han gastado con liberalidad los dineros de su renta federal, sino que además se han endeudado, algunos al extremo de la quiebra, como Michoacán.

El que más, el que menos, todos los estados necesitan hoy salvamento. En todos se impuso la lógica del mecanismo de la complicidad de poderes en el ejercicio y la vigilancia del gasto público.

Los ejecutivos locales aceitaron al respectivo  Congreso local que debía vigilarlos. Al dar este paso,  corrompieron el mecanismo capital de la rendición de cuentas de los sistemas democráticos: la vigilancia del Congreso sobre el presupuesto, mediante el debate de las bancadas de oposición con las del partido en el poder.

La misma generosidad sin exigencia con que era entregado el dinero devoró, ahogó en su propia abundancia, el mecanismo de control institucional previsto.

Las historias de congresos locales subiéndose a la subasta local de recursos federales son parte de la picaresca política de estos años.

Sé de una legisladora estatal de oposición que para firmar un punto de acuerdo pidió una moto Harley Davidson para su novio.

El mecanismo constitucional de control y competencia entre poderes se volvió de anuencia y complicidad, y esta es la piedra de toque, el mecanismo de entrada de buena parte de la corrupción que nos satura.