Los agentes actuaron contra el principio de presunción de inocencia y obtuvieron pruebas de manera ilícita, por tanto, carecen de valor
Por falsear las circunstancias en que la Policía Federal detuvo a un capo en Tampico, un juez ordenó la libración del delincuente.
El pasado 7 de enero fue detenido Héctor Crescencio de León Fonseca, El R3, presunto operador dle Cártel del Golfo en Tampico, bajo los cargos de portación de arma prohibida y posesión de mariguana y heroína.
Según documentos de la Policía Federal, el criminal fue detenido a las 18:20 h del día mencionado, mientras conducía una camioneta Cheyenne gris en la carretera Tampico-Ciudad Mante. En el lugar se aseguró un arma conocida como cuerno de chivo, así como la droga.
Sin embargo, el R3, así como su acompañante Jesús Briones Bandala, El Morro, demostraron con cinco testigos como ambos fueron sacados de su departamento en Altamira alrededor del mediodía, sin contar con una orden de cateo ni comisión del delito flagrante.
Además de los testigos, se mostraron videos en los que se confirma que ambos delincuentes no fueron arrestados en la camioneta, sino en el domicilio de El R3. En los videos se aprecia una camioneta Cheyenne, similar a la que, según la Policía Federal, conducía el capo al momento de su detención.
“Los elementos (federales) traían un vehículo de características similares a las que refieren en el parte informativo, desde las 15:28 horas del 7 de enero, esto es, antes de la hora en que de acuerdo con el parte informativo efectuaron la detención de los inculpados sobre la carretera Tampico-Ciudad Mante”, dicta la sentencia que ordenó la liberación de De León, el 16 de enero.
Agrega que “en el parte informativo de la PF no se relatan de manera real las condiciones objetivas de tiempo, lugar y modo del hecho imputado (posesión flagrante de arma y drogas).
“Por tanto no pueden reputarse sólida y suficiente las afirmaciones para justificar un acto privativo de la libertad”.
El secretario encargado del Juzgado Décimo de Distrito en Tamaulipas, Adalberto Santiago Argüelles, añade que los agentes actuaron contra el principio de presunción de inocencia y obtuvieron pruebas de manera ilícita, por tanto, carecen de valor.
Con información de Reforma
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