La decisión del Congreso no tendrá efectos para la elección de 2027 y permitirá que actuales legisladores aún puedan competir nuevamente
La aprobación de la reforma constitucional en Veracruz para eliminar la reelección inmediata y establecer restricciones contra el nepotismo electoral abre una nueva etapa en la discusión sobre el acceso y permanencia en el poder público. Aunque sus efectos no serán inmediatos y comenzarán a aplicarse hasta el proceso electoral de 2030, el cambio ya coloca sobre la mesa una redefinición de las reglas de competencia política en el estado.
Con 36 votos de MORENA y partidos aliados, el Congreso local armonizó la Constitución de Veracruz con la reforma federal publicada el 1 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo planteado por sus impulsores es reducir la concentración de cargos públicos en las mismas personas o dentro de estructuras familiares que, durante años, han mantenido presencia constante en espacios de representación.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición para que diputaciones locales propietarias busquen reelegirse de manera inmediata. En los ayuntamientos también se eliminan posibilidades de continuidad inmediata para quienes ocupen cargos edilicios. Se mantienen excepciones para suplencias que no hayan ejercido funciones.
Sin embargo, el componente que más discusión generó fue el relacionado con el nepotismo electoral. La reforma establece restricciones para competir por determinados cargos cuando existan relaciones familiares, de matrimonio, concubinato o unión de hecho con quienes ocupen actualmente posiciones de poder durante los tres años previos a la elección.
El alcance de la medida es amplio. Considera parentesco en línea recta sin límite de grado, parentesco colateral hasta cuarto grado y afinidad hasta segundo grado. Además, no distingue militancias partidistas, lo que significa que la restricción podría operar incluso cuando familiares participen desde fuerzas políticas distintas.
Ese punto concentró parte de las críticas de la oposición. El diputado independiente Héctor Yunes Landa sostuvo que el dictamen deja vacíos sobre su aplicación y cuestionó que una relación familiar pueda convertirse en un impedimento automático para competir. Como ejemplo, expuso que bajo estas reglas, él y el diputado panista Fernando Yunes Márquez no podrían contender simultáneamente por determinados cargos en 2030, aun perteneciendo a proyectos políticos distintos.
También hubo cuestionamientos sobre el posible impacto en derechos político-electorales. La diputada Montserrat Ortega Ruiz argumentó que el concepto de nepotismo fue ampliado de forma excesiva y que podría terminar afectando trayectorias individuales únicamente por vínculos familiares, particularmente en casos donde mujeres aspirantes enfrenten señalamientos por ser esposas, hijas o familiares de actores políticos.
Del lado de quienes respaldaron la reforma, el argumento central fue que el acceso al poder debe construirse bajo condiciones de competencia más abiertas. Desde esta visión, impedir la permanencia continua y limitar la transferencia política entre familiares busca enviar una señal institucional frente al desgaste que producen los llamados cacicazgos y la percepción ciudadana de que ciertos espacios permanecen reservados para grupos específicos.
La decisión del Congreso no tendrá efectos para la elección de 2027 y permitirá que actuales legisladores aún puedan competir nuevamente. No obstante, el mensaje político ya quedó instalado: el debate dejó de centrarse únicamente en quién puede llegar al cargo y comenzó a enfocarse también en quién debe dejar espacio para que otros puedan competir.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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