De ahí que jubilados de la CFE, la extinta Luz y Fuerza, Pemex, Bancomext o Banobras, justificadamente indignados, protesten por el despojo
Armando Lira, jubilado de la extinta Luz y Fuerza, escribe:
“Trabajé más de 30 años en la empresa siendo sindicalizado los primeros 23 y los últimos siete como empleado de confianza, jubilándome en este último puesto. Al igual que yo, la gran mayoría (mínimo un 90 por ciento de la planta laboral) empezamos como sindicalizados y terminamos como empleados de confianza, sujetos a TODAS las prerrogativas del Contrato Colectivo de Trabajo. Lo que ha dicho el gobierno de que ganamos demasiado son conquistas laborales que repercutieron en nuestras cuotas de jubilación. Son TOTALMENTE FALSAS las cantidades que dicen que ganamos. A mí me ponen con ingreso mensual mayor a 300 mil pesos, cuando ni de chiste gano eso, sino 196 mil 667 pesos que, ya con el aumento de la despensa menos los descuentos que incluyen el ISR, recibo neto 185,600 pesos mensuales. El gobierno pretende robarnos a personas mayores ––todos de la tercera edad, que vamos de los 68 años hasta los 80 y más––, violando nuestros derechos adquiridos. Además, la propia Raquel Buenrostro (secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno) declaró que nuestras jubilaciones estaban perfectamente legalizadas y siempre han sido auditadas…”.
Arbitraria en absoluto, la disposición (anunciada en febrero como “justicia redistributiva”) de que ningún ex servidor público reciba más de la mitad del efectivo que se le paga a la presidenta es un descarado atraco selectivo, discriminatorio y retroactivo, que azuza el odio “del pueblo” a un sector imaginariamente “privilegiado”.
Este nuevo acto de rapiña gubernamental se suma al robo de las cuotas al Infonavit no reclamadas por derechohabientes mayores de 70 años (únicos propietarios ––o sus herederos––, a quienes el Instituto debió intentar localizar y, de no hallarlos, proceder con reglas claras a una incautación insospechadamente legal).
Fijar el pago presidencial como referencia de ingresos en el sector público sin que, como ordenó la Corte anterior al acordeón, se debatan y legislen razones y parámetros, fue una irreflexiva idea de Felipe Calderón que impuso López Obrador. Emplearla contra los pensionados es otra villanía porque la gestión del Ejecutivo dura seis años con prestaciones multimillonarias frente a los más de 30 de desempeño laboral de trabajadores del Estado que no redactaron la normatividad.
De ahí que jubilados de la CFE, la extinta Luz y Fuerza, Pemex, Bancomext o Banobras, justificadamente indignados, protesten por el despojo.
Convenencieramente política y electoreramente oportunista, la medida no afecta a los trabajadores de base y sindicalizados de instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE ni al personal de las Fuerzas Armadas.
Al calor del Mundial, con sus movilizaciones y desmanes, la CNTE ha opacado estos días reclamos tan legítimos como los de las madres buscadoras de sus desaparecidos y de los jubilados a quienes el régimen calumnió con la canallesca y falsa afirmación de que gozan de inexistentes “pensiones doradas…”.
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