Falta mucho por hacer en materia de desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene, por lo menos, 43 mil casos por resolver -más los que se vayan acumulando- y algo así como 70 mil cadáveres por identificar
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
Imagino que el gobierno mexicano ya tenía idea de cómo venía el Informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CDF-ONU) que le llevó a presentar su propio reporte de los trabajos realizados alrededor de este doloroso problema nacional y todo indica que se quedó corto. Pero vayamos por partes.
El Informe de la ONU parte de la base de las denuncias recibidas, así como de datos oficiales sobre desapariciones y la respuesta dada por el gobierno en septiembre de 2025; compara estos datos con los obtenidos durante su visita en 2021, y lo que se encuentra es que apenas en julio de 2025 se tomaron las medidas necesarias, porque en el sexenio pasado poco o nada se hizo para atender el problema.
Existe otra discrepancia entre el gobierno mexicano y la ONU, que más parece una discusión bizantina sobre la semántica. Para este organismo prevalecen sus conclusiones en el sentido de que las desapariciones son un fenómeno “generalizado y sistemático en contra de la sociedad civil”. No está diciendo que las desapariciones hayan corrido a cargo del gobierno, como ocurría en el siglo XX, aun cuando sí señala que hay una fuerte presunción de que las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno no hicieron lo necesario para evitarlas y/o en algunos casos han estado en connivencia con el crimen organizado.
Lo que la Comisión enfatiza es que el problema es generalizado en la medida en que hay tal cantidad de desaparecidos por todo el país, junto a cuatro mil 500 fosas clandestinas regadas a lo largo y ancho del territorio. También considera que es un fenómeno sistemático porque “todas las desapariciones forzadas cometidas como parte de estos ataques siguieron patrones similares, lo que refleja la repetición no accidental de conductas que tuvieron lugar en diferentes partes del país, en distintos momentos”. Y por último, es un ataque a la sociedad civil en tanto que no se trata de delincuentes desaparecidos, sino de ciudadanos comunes.
El Informe puede resultar poco o nada grato, pero sin duda pone el dedo en la llaga cuando señala las “graves deficiencias en los procesos de búsqueda como no visitar el lugar de los hechos, realizar un análisis forense de las muestras genéticas disponibles y tomar las muestras correspondientes para identificación. Analizar redes telefónicas y cualquier otro dato proveniente de los celulares, así como videos de cámaras de seguridad”.
Si lo anterio fuera falso, el gobierno de la presidenta Sheinbaum no habría hecho cambios legislativos y normativos en julio pasado. Me refiero a la implementación de un mecanismo de búsqueda inmediata tan pronto se reciba la denuncia, la obligación de abrir una carpeta de investigación, la creación de un registro de investigaciones iniciadas y la utilización de tecnología para facilitar la localización a través de la identidad única, entre otras medidas.
Pero tales medidas tardarán en dar resultados y en el reportre rendido por el gobierno en la mañanera del 27 de marzo resulta evidente. En dicha conferencia de prensa, doña Rosa Icela, se habló de las muchas reuniones que la dependencia a su cargo ha tenido con los colectivos de búsqueda y eso está muy bien. También se explicó cómo se ha trabajado con las bases de datos para clasificar las desapariciones, algo que debió hacerse por lo menos después de la visita de la CDF-ONU de 2021. En fin, que de 130 mil casos, 30% no tienen datos completos y eso hace imposible su búsqueda.
La buena noticia de la revisión de las bases es que de 40 mil registros con datos completos (31%), 32 mil personas fueron localizadas y ya se pueden dar de baja. La mala noticia es que prevalecen 43 mil casos como pendientes y aunque sea el 33% del padrón, son muchísimos.
Llama la atención que en la presentación hecha en la mañanera, los funcionarios no hicieron ninguna mención al grado de avance de las medidas ordenadas en julio de 2025, las cuales justamente buscarían atacar “las graves deficiencias en los procesos de búsqueda”.
Por ejemplo, nada dijeron sobre el cumplimiento por parte de los estados de crear fiscalías especializadas o si verdaderamente están abriendo carpetas de investigación cuando se les presenta una denuncia; o de cómo están fortaleciendo el Banco Nacional de Datos Forenses para correlacionar los cadáveres que permencen en los SEMEFO con los registros de desaparecidos; o de cuánto presupuesto y personal adicional se ha entregado a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Falta mucho por hacer en materia de desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene, por lo menos, 43 mil casos por resolver -más los que se vayan acumulando- y algo así como 70 mil cadáveres por identificar. Esperemos que la capacidad institucional del gobierno en su conjunto no siga totalmente rebasada frente al problema.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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