No hay por qué renunciar a litigar el caso dentro del T-MEC, definiendo con precisión el daño ocasionado, a la espera de una indemnización futura
No deja de sorprender que en medio de tanta alharaca sobre las amenazas arancelarias de Trump, se hable tan poco de su ilegalidad. Como si se diera por descontado que ese no es el punto.
Desde luego el centro del problema aquí no es la ley sino su cara opuesta, la arbitrariedad.
Como a López Obrador, a Trump le estorba la ley y se dispone a violarla cuantas veces lo requiera su despliegue político de fuerza.
Pero la ley sigue ahí y sigue sirviendo, entre muchas cosas, para contener la arbitrariedad del poderoso y para defender los derechos del débil.
Si algo demostraron las grandes automotrices estadunidenses que le hicieron aplazar los aranceles a Trump, en el último ultimátum contra México y Canadá, es que podían amenazarlo con una demanda legal y ganársela en los tribunales estadunidenses.
Quizá no fue esa toda la razón del aplazamiento de Trump, pero fue desde luego un factor de más peso que la advertencia de que habría un mitin en el Zócalo.
La ilegalidad de las decisiones arancelarias es denunciable y se puede ganar en varios foros. Para empezar, dentro del T-MEC. Es la primera vez en treinta años, me dice un experto, que se viola lo establecido en ese acuerdo con una medida arancelaria unilateral.
No hay por qué renunciar a litigar el caso dentro del T-MEC, definiendo con precisión el daño ocasionado, a la espera de una indemnización futura.
Algo semejante podría intentarse quizá en las instancias correspondientes de la Organización Mundial de Comercio, que ofrece garantías contra arbitrariedades unilaterales a todos sus miembros.
Por último, están las leyes de los propios Estados Unidos y su compleja red de procedimientos sobre cómo se establecen aranceles, que Trump parece estarse pasando por el arco del triunfo, y que las automotrices de su país le pusieron enfrente, ayudando a revertir su decisión hace diez días.
La realidad es que en esto de pasar por encima de la ley, el gobierno de Trump y la llamada 4T tienen un adn común. Lo demuestra el “envío” a Estados Unidos de los 29 capos presos en México, sin cumplir los trámites legales para su extradición.
Quizá por eso no hablamos de la ley. Tampoco nos gusta el traje.
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