La respuesta es que así lo mandata la Constitución, pero un juez de Michoacán (y después otro de Jalisco) otorgó una suspensión definitiva y ordenó a los tres comités evaluadores detener el proceso
Al opinar sobre la suspensión del proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el viernes:
“Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros y ministras de la Corte en que no salga la elección, nada más que ellos ya se van en agosto. ¿Qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron…”.
El freno a la selección fue ordenado por un juez de amparo a los comités de evaluación de los Tres Poderes, acató solo el del Judicial y desobedecieron los del Ejecutivo y el Legislativo.
La suspensión del proceso nada tiene que ver con ministras y ministros de la Suprema Corte y la inquietud presidencial sobre los derechos de los inscritos atañe a tres mil 805 abogados que recurrieron al comité del Poder Judicial (en el Ejecutivo sumaron 18 mil 447 y en el Legislativo 27 mil 146. Entre los tres Poderes, el total de quienes se inscribieron suma 49 mil 398), y no sobra recordar que la inmensa mayoría no aparecerá en las boletas electorales porque no será seleccionada o perderá en las tómbolas de la “insaculación” de feria prevista en la reforma constitucional.
Si es justa la preocupación por “los derechos de quienes se inscribieron”, la expresión presidencial contrasta con su silencio respecto a casi seis mil juzgadores en activo (entre más de mil 700 jueces, magistrados y ministros federales más como cinco mil jueces y magistrados de las judicaturas estatales) a quienes se les ha dinamitado su carrera judicial de 20, 30 o más años y que ya fueron echados a la calle (la mitad a partir de agosto próximo y la otra mitad en 2027), a lo que hay que sumar los perjuicios laborales que presienten más de 43 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
El comentario de Sheinbaum es relevante, porque delata un inexplicable desconocimiento de lo que está sucediendo con la bomba de tiempo que le dejó activada López Obrador.
“Ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa”, dijo la Presidenta (y en la misma lógica está su coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal), pasando por alto que a quien corresponde la definición es a la Suprema Corte, cuya presidenta es también la titular del Poder Judicial de la Federación (que incluye al Tribunal Electoral).
El desafortunado comentario presidencial se produjo cuando se sabía ya que el comité de evaluación del Poder Judicial solicitó a la Corte decir a quién le hace caso: ¿al juez de amparo o al
Tribunal Electoral?
Se pregunta Sheinbaum:
“¿Por qué abren una convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas —porque los amparos supuestamente ya venían— y a la mitad del proceso lo cierran? Hay que preguntarse: ¿por qué…?”.
La respuesta es que así lo mandata la Constitución, pero un juez de Michoacán (y después otro de Jalisco) otorgó una suspensión definitiva y ordenó a los tres comités evaluadores detener el proceso.
Por no ser solo un asunto electoral, a la Corte le toca despejar la incógnita.
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