Es cierto que hay ahorros hasta de 30% entre logística, mano de obra y aranceles para las empresas que se instalen en México, pero también es cierto que necesitan garantías de energía, seguridad pública y jurídica
Una frontera común de 3,150 kilómetros es una buena razón, pero no la única, para que las empresas estadounidenses piensen migrar sus manufacturas de China a México.
El régimen de Andrés Manuel López Obrador confunde cercanía con confiabilidad y es un error que ya está costando caro a la economía mexicana.
El hecho de contar con un acuerdo comercial vigente y de reciente renovación como el que llamamos T-MEC no da licencia para que el gobierno mexicano pueda cometer arbitrariedades en contra de sus socios porque los ve seguros y crea que nos necesitan.
Siguen en disputa dos temas generados por cuestiones ideológicas del lado mexicano que pueden acabar en sanciones arancelarias importantes.
López Obrador decidió no respetar lo que dice la propia Constitución mexicana y el T-MEC en materia de energía eléctrica y petróleo. Este tema se ha paliado con acuerdos individuales entre el propio presidente y algunas grandes empresas, pero el fondo de la violación de las reglas sigue vigente.
Con esa misma visión de oponerse a la “ciencia neoliberal” del régimen lopezobradorista, sigue creciendo la tensión entre los productores de maíz amarillo de Estados Unidos y las autoridades mexicanas por la futura prohibición de importar ese alimento a México.
Apenas el viernes pasado hubo un nuevo encuentro entre la representante comercial de La Casa Blanca, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, sin que parezca que haya grandes avances.
Del otro lado también hay intentos de presión comercial a México que pueden resultar muy costosos por el incremento exponencial de las exportaciones de acero mexicano a Estados Unidos.
La ventaja del puerto cercano, nearshoring, respaldado por el T-MEC, pierde encanto cuando el gobierno mexicano se muestra como un socio no confiable por esas decisiones autoritarias en temas tan sensibles como la disponibilidad energética.
Pero empeora el panorama de los inversionistas estadounidenses cuando uno de los principales socios comerciales de su país mostró credenciales democráticas al momento de negociar un acuerdo comercial y ahora explora abiertamente caminos autoritarios.
Ya no pasa desapercibido en el mundo que Andrés Manuel López Obrador está en vías de imponer su régimen violentando las reglas de la democracia.
No ha pasado desapercibido que este régimen ha sido capaz de doblar a los otros dos poderes políticos y si no lo logra, los amenaza. Tal como es capaz de contestar airadamente al Departamento de Estado de Estados Unidos si hace notar esas intentonas autoritarias del régimen de López Obrador.
El nearshoring no está garantizado para México como podría llegar a creer el gobierno mexicano.
Es cierto que hay ahorros hasta de 30% entre logística, mano de obra y aranceles para las empresas que se instalen en México, pero también es cierto que necesitan garantías de energía, seguridad pública y jurídica.
Algunos lo llaman puerto amigo o puerto aliado, que rebasa al puerto cercano. Pero un mayor distanciamiento político entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la insistencia de prácticas antidemocráticas del régimen de López Obrador puede retirarle a este país la categoría de aliado y amigable.
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