Si lo que sigue es una continuidad en la misma línea, muchos reevaluarán sus inversiones. Pero la apuesta es a que haya mayor sensatez en la siguiente administración
Muchas empresas y sus inversiones en México son previas a este régimen y a muchos otros gobiernos. Muchas de esas inversiones seguirán en este país una vez que el actual Presidente culmine su mandato dentro de exactamente 20 meses.
Es verdad que este sexenio ha sido mucho más complicado para la iniciativa privada en comparación con el ambiente más propicio que encontraban en tiempos anteriores.
Sin embargo, hay algo que mantiene la esperanza de recomponer el camino tras muchas de las decisiones asumidas por el régimen de Andrés Manuel López Obrador y es que en el terreno legal las modificaciones se han concentrado en el nivel de decretos presidenciales o leyes secundarias.
En la medida en que la Constitución se mantiene prácticamente intacta queda la oportunidad de pelear ante el Poder Judicial la violación de la Carta Magna de muchas de las decisiones presidenciales.
Hay dentro de ese espacio de defensa de la legalidad al menos un par de trampas que pueden brincarse hasta la propia Constitución. La primera es una chicana en la Suprema Corte de Justicia, como la que aplicaron en materia eléctrica.
Y la segunda es tratar de evitar que el máximo tribunal tenga tiempo de declarar la inconstitucionalidad de una ley de la 4T antes de que sus efectos resulten irreversibles, como lo que ahora mismo se juega con el llamado plan B de la contrarreforma electoral.
La muy buena noticia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece haber tomado un segundo aire de independencia y no tiene empacho en mostrarlo.
Había una serie de expedientes de amparos promovidos por empresas afectadas por las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que estaban radicados en el primer y segundo Tribunales Colegiados de Circuito en materia Administrativa. Bien pues esos expedientes fueron atraídos por la Suprema Corte y serán analizados en la Segunda Sala.
Después de la chicana de abril del año pasado, cuando en una extraña votación el pleno de la SCJN había desestimado la acción de inconstitucionalidad de la ley eléctrica, parecía que ya no había más camino que avalar la patente de corso para que el sector eléctrico se condujera como decía López Obrador y no la Constitución. Pero ahora se abre una rendija para reconciliar a la Corte con la ley.
El llamado plan B que el presidente López Obrador ordenó a sus mayorías aprobar en el Congreso para modificar el marco electoral, claramente es contrario a la Constitución, pero, que los expertos nos iluminen, debe completar el proceso legislativo para apelar a su inconstitucionalidad.
No hay duda de que las decisiones asumidas por este régimen han afectado muchas inversiones privadas, de todos tamaños y en muchos sectores. Algunos capitales han desistido de invertir en México en estos tiempos, otros están a la espera del 2024 y sus resultados electorales, pero las inversiones resilientes tienen claro que, en la medida que no se toque la base fundamental de las leyes de un país, como lo es la Constitución, las políticas públicas estridentes, incluso las más dañinas, pasan.
Si lo que sigue es una continuidad en la misma línea, muchos reevaluarán sus inversiones. Pero la apuesta es a que haya mayor sensatez en la siguiente administración.
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